La Fiscalía de Canarias solicita multas que superan los 13 millones de euros a la compañía petrolera Cepsa, propiedad del fondo del Gobierno de Emiratos Árabes, Mubadala Investment Company, en Abu Dabi.
Cepsa suprimió en 2024 cualquier alusión a la palabra petróleo de su nombre comercial, pasando a denominarse Moeve. La histórica Compañía Española de Petróleos S. A. (Cepsa), fundada en 1929, planteó su transformación en otro tipo de organización, en la que la mayor parte de su beneficio provendrá de actividades sostenibles a final de esta década”.
Mientras trataba de archivar el caso de Canarias, la petrolera anunciaba que quiere convertirse “en uno de los referentes de la transición energética europea”. Este cambio respondía al objetivo de acelerar su descarbonización y la de sus clientes, mediante una inversión de hasta 8.000 millones de euros. Sin embargo, del expediente judicial de las Islas no se constató nada.
La acción de la Fiscalía responde a un caso de fraude masivo a la Agencia Tributaria Canaria que fue denunciado desde Fuerteventura y que ha salpicado a varios funcionarios y altos cargos del propio organismo autonómico, dependiente de la Consejería de Hacienda. El Ministerio Fiscal solicita la suspensión de la actividad de la empresa durante cuatro años e incluso la “disolución” de la compañía.
“Al menos” en el periodo comprendido entre enero de 2016 y octubre de 2021, la empresa Cepsa, a través de su filial Petróleo de Canarias (Petrocan), con el “claro ánimo de defraudar” a la Hacienda Pública autonómica, liquidó de forma “deliberada y sistemática”, con carácter mensual, el impuesto sobre el combustible que importaba a las Islas como si fuera fuelóleo cuando en realidad era gasóleo.
La diferencia es enorme: mientras que el impuesto al gasóleo es de 222 euros por cada mil litros, en cambio el tributo que se aplica al fuelóleo, un combustible más denso, de menor calidad y con usos más restringidos, como abastecer a grandes barcos o centrales eléctricas, es de apenas 56 céntimos de euro por cada tonelada métrica.
El Ministerio Fiscal solicita en su escrito de acusación la “disolución” de la empresa.
La consecuencia económica del presunto fraude para las arcas públicas de la comunidad autónoma se tradujo en 781.295 euros en el año 2016, de 404.134 euros en 2017, de 1,4 millones en 2018, de más de 2,3 millones en 2019, casi 1,6 millones en 2020 y 1,2 millones en los diez primeros meses de 2021. En total, más de 7,7 millones de euros que se dejaron “ilícitamente de ingresar al erario público regional”, subraya la Fiscalía.
La acusación se dirige contra la empresa Cepsa y también contra la que era su responsable del Área de Impuestos Indirectos, María I., a la que se vincula con la “decisión” de haber importado gasóleo y haberlo distribuido en operaciones de venta mayorista en las Islas bajo la denominación “Diésel Oil industrial”, pero declarando ante la Agencia Tributaria Canaria que el combustible era fuelóleo.
El fiscal Tomás Fernández de Páiz, especializado en delitos económicos, considera acreditada la comisión de seis delitos contra la Hacienda Pública: uno básico por la defraudación de más de 120.000 euros en el año 2017 y cinco con la pena agravada por eludir el pago de más de 600.000 euros en cada uno de los otros años investigados.
En el escrito de acusación se solicitan para Cepsa un total de 13,2 millones de euros de multas, además de perder la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. Por el fraude de 2017 solicita la “suspensión de la actividad empresarial por tiempo de cuatro años”, pero por los otros cinco delitos contra la Hacienda canaria pide también la “disolución de la persona jurídica”.
La acusación contra la directiva de Cepsa se concreta en tres años de prisión y multa de 1,2 millones de euros por el fraude más bajo, y cinco años de cárcel y multa de 4,8 millones “por cada uno” de los otros cinco delitos. En total, la petición se eleva a 28 años de prisión y más de 25 millones de euros en multas. Además, tanto la acusada como Cepsa tendrían que indemnizar de forma solidaria a la Agencia Tributaria Canaria con los 7,7 millones de euros defraudados y los intereses correspondientes.
