Fiscalía investigará al Gobierno por 17 muertes en el asilo de Santa Rita
La Consejería de Derechos Sociales que dirige Noemí Santana es la responsable de la inspección, prevención y sanción de los centros de mayores a través de planes anuales que no se llevaron a cabo
Fiscalía investigará al Gobierno regional por las 17 muertes en el asilo de Santa Rita, en el Puerto de La Cruz, de Tenerife.
El Ministerio Público de la provincia occidental ha confirmado la apertura de diligencias previas para esclarecer la posible comisión de delitos penales que determinaron el fallecimiento de 17 ancianos por contagios de coronavirus.
La investigación podría ampliarse a otras instalaciones, como los centros de Calateya o San Pancracio, también en Tenerife, donde también se han reproducido muertes de mayores.
La decisión de la Fiscalía, adelantada por este periódico el 17 de diciembre de 2020, se inició en las primeras semanas del pasado mes nada más constatarse un presunto caso de negligencia y atención a los pacientes.
La Fiscalía cuenta, además, con un informe elaborado por la Consejería de Sanidad en la que se da cuenta de incumplimientos en las normativas de salud y trabajo en Santa Rita, como el hecho de que personal de limpieza operaría, en ocasiones, como técnicos sanitarios.
Santa Rita, que fue intervenido por la Consejería de Sanidad en 2020 a raíz de los fallecimientos masivos, es de propiedad privada (fundado en 1981 por un cura con afición al boxeo) y cuenta con 700 residentes y 400 trabajadores.
Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, las primeras pesquisas se han centrado en identificar la titularidad de la gestión y, también, en comprobar la tutela de la Administración en materia de supervisión e inspección de asilos.
De las comprobaciones iniciales, la autoridad judicial entiende que el área de Derechos Sociales que dirige la consejera regional Noemí Santana (Podemos) es la responsable institucional, en base al decreto autonómico 43 de 16 de abril de 2020, por el que se aprobó el reglamento orgánico de la Consejería que le atribuye “la alta inspección” de los centros que “presten servicios en el ámbito social“.
Según el mismo decreto, a Derechos Sociales le corresponde regular “las condiciones de autorización, acreditación, apertura, modificación, funcionamiento y cierre de centros y servicios“, así como “los requisitos de las personas beneficiarias y la capacitación profesional, estableciendo las normas de registro e inspección“.
La norma del 16 de abril establece, asimismo, que la consejera o consejero de Derechos Sociales es competente en “materia de dependencia, atención a personas mayores autónomas, discapacidad, voluntariado e inmigración“, con la obligación añadida de establecer “planes de calidad y seguridad para los centros y servicios, así como evaluación, mejora continua y análisis comparado entre centros”.
La Fiscalía prevé cursar la solicitud de remisión de esos planes en el caso de que se hayan elaborado.
La Consejería de Noemí Santana debió aprobar un plan general de inspección de los servicios sociales y, en particular, el plan anual de centros para personas mayores, tanto autónomas como en situación de dependencia o discapacidad.
Noemí Santana está facultada, por decreto, a imponer sanciones muy graves (como es el caso de las muertes masivas en Santa Rita), que alcanzan los 300.000 euros.
Santa Rita no recibió avisos de multas desde la Administración autonómica, según el Gobierno.
Una fuente oficial de la Consejería de Derechos Sociales relató a este periódico que la responsabilidad directa corresponde a Sanidad, al consejero Blas Trujillo, del PSOE, según los contenidos del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, sobre medidas urgentes de prevención en materia de Covid.
Esta norma dibuja las competencias de Sanidad en establecimientos sanitarios en el artículo 8, mientras que el artículo 10 especifica que los servicios sociales dependen de las “administraciones competentes” (en el caso de Canarias, Derechos Sociales, según el decreto regional), de manera que “velarán por que su normal actividad se desarrolle en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio“.
