La Fiscalía de Las Palmas presentó una querella contra cuatro empresarios cuatro empresarios que comercializaron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia por covid por importe de 22,9 millones de euros, de los cuales casi 10 millones corresponden a material que no se llegó a entregar.
Los empresarios están acusados, presutamente, de malversación, blanqueo de capitales y fraude a Hacienda.
La portavoz del Ministerio Público ha anunciado que el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ya ha admitido a trámite esta querella, que gira en torno a los suministros contratados por el Servicio Canario de Salud (SCS) a Damco Trading Services y Tanoja Services en 2020 y 2021.
La querella de la Fiscalía Provincial se dirige contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez; el presidente del partido político Unidos por Gran Canaria y ex diputado autonómico Lucas Bravo de Laguna y los empresarios Christian Cerpa y Noel Jammal Fernández. Este último aparece como el administrador único de las dos compañías que están siendo investigadas, con domicilio fiscal en Madrid.
La Fiscalía vincula a Ramírez y Bravo de Laguna con dos entidades mercantiles a las que presuntamente se transfirieron los fondos ingresados por Damco Trading Services y Tanoja Services.
Al cuarto querellado, Christian Cerpa, también se le relaciona con el destino final del dinero presuntamente malversado.
La Fiscalía inició estas diligencias de investigación penal a raíz de unos hechos denunciados por la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), al observar una discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado.
Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público,el Servicio Canario de Salud contrató a estas empresas para que le suministraran mascarillas quirúrgicas y FPP2, guantes de nitrilo e hisopos -bastoncillos de uso hospitalario con los que tomaban las muestras para las pruebas de Covid-, entre otro material sanitario.
Los expedientes precisan que parte del dinero utilizado para la compra de este material sanitario procedía de fondos europeos.
Esta es latercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma. La primera al SCS; y la segunda que se tramita en Madrid por el caso Koldo, el ex asesor del ministro José Luis Ábalos.
