Fiscal Ródenas asume la investigación judicial por las denuncias de Elmasa al Cabildo GC
El Ministerio Público podría llamar a declarar en breve a cargos políticos del Cabildo. La denuncia afecta principalmente a las actuaciones y resoluciones del Consejo Insular de Aguas, del que es presidente Antonio Morales
El fiscal delegado de Medio Ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas, asume desde hace unos meses la investigación procesal por las denuncias de la empresa Elmasa al Cabildo GC por un posible trato de favor a empresas privadas en el negocio de aguas que dan pie a la comisión de presuntos delitos de daños al territorio, prevaricación, falsedad documental, malversación y fraude en la contratación pública.
El fiscal anticorrupción derivó la denuncia a la Fiscalía de Las Palmas al tratarse de un asunto concerniente a la isla. El entonces fiscal-jefe, Guillermo García Panasco, acordó encargarle las pesquisas preprocesales a Javier Ródenas.
Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público podría tomar declaración en breve a cargos políticos del Cabildo GC, de ahí que el consejero de Aguas, Miguel Hidalgo (Nueva Canarias), se anticipara este jueves a anunciar la investigación de la que es objeto durante la junta de gobierno del Consejo Insular de Aguas de GC.
El Cabildo prevé contratar un despacho de abogados externo a la institución, ya que la plaza de la jefatura de los servicios jurídicos sigue vacante tras la dimisión de Carlos Trujillo.
Este periódico intenta desde el pasado jueves que Hidalgo dé su versión de los hechos. El departamento de prensa de la Consejería exige un cuestionario previo enviado por correo electrónico para evaluar si autoriza la conversación con el consejero.
Elmasa asegura en su denuncia ante la Fiscalía que desde hace más de un año, el Cabildo ha podido incurrir en posibles irregularidades o delitos a la hora de permitir la instalación de depuradoras, tuberías y obras sin formalizar, previamente, un proceso público de concurrencia de ofertas sujetas a los principios de igualdad, publicidad y libre competencia.
Elmasa, cuyos principales accionistas son la familia Castillo, sostiene a través de sus letrados, que hay base para que la Fiscalía, “si así lo estima“, formule escrito de acusación y remita el expediente al juzgado para su instrucción en la vía penal.
La denuncia afecta principalmente a las actuaciones y resoluciones del Consejo Insular de Aguas, del que es presidente el propio Antonio Morales.
Morales, casi siempre, ha delegado las decisiones en el vicepresidente de la entidad y consejero de Aguas, Miguel Hidalgo, natural de San Mateo.
La acción de Elmasa alcanzaría también al gerente del Consejo y a varios funcionarios, que previsiblemente también declararían ante el fiscal.
Fuentes oficiales próximas al Consejo de Aguas consideran que la causa “carece de longitud al tratarse de una venganza entre empresas del sector que tratan de utilizar al Cabildo“.
Este viernes, un día después de celebrarse el Consejo de Aguas, técnicos del Cabildo GC y agentes de la Guardia Civil se personaron en una estación de aguas al Sur de la isla, próxima al Aeroclub, en San Bartolomé de Tirajana, para cotejar un sondeo de investigación contra Elmasa, según reveló en su informativo Antena3 Televisión Canarias.
El sondeo se sigue a instancias de la Fiscalía de Las Palmas en unas diligencias preprocesales tras la denuncia de un operador de aguas del Sur contra Elmasa, según fuentes jurídicas.
