Antonio Doreste, presidente del TSJC, flanqueado por Vicente Garrido y Humberto Guadalupe (Fotografía Paco  González Concepción).
Antonio Doreste, presidente del TSJC, flanqueado por Vicente Garrido y Humberto Guadalupe (Fotografía Paco González Concepción).

Fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, alerta sobre las presiones que sufre el Ministerio Público en los procedimientos de delitos económicos relacionados con la corrupción.

En un discurso sobrio y contundente de 17 páginas durante la apertura del curso judicial en las Islas, y ante el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y el titular del TSJC, Antonio Doreste, el fiscal jefe lanzó la siguiente advertencia: «Quiero aprovechar la oportunidad de que todos juntos reflexionemos sobre un hecho que sigue siendo perturbador. Me refiero a la presión que con frecuencia se realiza sobre nuestra actuación al margen del proceso penal«.

En este apartado, Garrido agregó que las presiones no son patente exclusiva de Canarias. «Es una situación que se reproduce en todos los territorios y que siempre afecta a la actuación del Ministerio Fiscal en relación con los delitos de corte económico relacionados con la corrupción. Al respecto decir que los Fiscales no consienten ni consentirán jamás que nada ni nadie les haga actuar para una finalidad distinta de la que la propia Ley permita o exija. Ellos soportan y soportaran siempre la única presión posible en un trabajo como el nuestro: la delcumplimiento de la legalidad vigente. No otra cosa es lo que la sociedad demanda de nosotros«.

Vicente Garrido rescató las reflexiones de la fiscal general del Estado. «Los Fiscales no siempre pueden desempeñar sus difíciles funciones en el clima de serenidad, confianza y respeto que sería deseable. Los reclamos mediáticos, a veces incompatibles con la seguridad de la investigación, las críticas partidistas o interesadas, e incluso el hostigamiento puede constituir una presión agobiante”.

Pero en ocasiones asistimos al injusto cuestionamientos del trabajo y la imparcialidad de la Fiscalía en relación con ciertas investigaciones”.

«Los Fiscales no siempre pueden desempeñar sus difíciles funciones en el clima de serenidad, confianza y respeto que sería deseable. Los reclamos mediáticos, a veces incompatibles con la seguridad de la investigación, las críticas partidistas o interesadas, e incluso el hostigamiento puede constituir una presión agobiante”.

Justicia burocratizada

Garrido abogó, por otro lado, por un cambio en el modelo de administración de Justicia. Los datos incorporados a la apertura del curso hablan por sí solos.

En la actualidad, Canarias gestiona cerca de 300.000 asuntos al año, pero solamente se formula acusación por delito en el 4,66% de los casos, si de ese porcentaje se excluyen las sentencias obtenidas por conformidad, «llegamos a la conclusión de estar ante un sistema que sólo celebra un número de juicios y dicta un número de sentencias por delito que suponen apenas el 2 % (2,65 %) del volumen total de asuntos gestionados«.

«Parece evidente que un sistema que emplea tanto tiempo, recursos y esfuerzos en gestionar un volumen de asuntos cuyo resultado final es que poco mas del 10 % (14,03 %) culmina con algún tipo de resolución de fondo, de los cuales sólo el 4,82 % se refiere a infracciones por delito, debe ser objeto de una profunda revisión».

«Los datos anteriores ofrecen la imagen de una Administración de Justicia excesivamente burocratizada«.

«Es ya urgente la implantación de una genuina estructura de una nueva oficina judicial, con servicios comunes de tramitación e impulso procesal, de notificaciones y comunicaciones mediante el uso de las nuevas tecnologías, o de investigaciones patrimoniales para la adopción de medidas cautelares y/o de ejecución«.

Garrido expuso que la media de funcionarios en las Islas fiscal arrastra un ratio de 0,85%, mientras que en el conjunto de la UE supera el 14%.

Este  año, el Consejo de Ministros aprobó la ampliación de la plantilla fiscal en 66 plazas para reforzar la lucha contra el terrorismo yihadista y la corrupción.


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