Bruselas acaba de emitir su informe de recomendaciones a España relativas a las políticas económicas, sociales, de empleo, estructurales y presupuestarias. Una de las demandas principales se central en la pobreza infantil, algo insólito para una de las 20 primeras potencias del mundo. Al menos, el 31% de la población canaria vive bajo el umbral de la pobreza, un segmento por debajo de los ingresos mínimos vitales (menos de 700 euros al mes para cuatro miembros de una unidad familiar).
Espiral21 difunde, una a una, las conclusiones del informe de 134 páginas disponible en la web de la Comisión Europea.
En los ámbitos comprendidos en las recomendaciones específicas por Estado, España se beneficiaría de:
• acelerar los esfuerzos coordinados a todos los niveles de la Administración para reducir los obstáculos burocráticos, en particular para las pymes
y el sector minorista;
• reducir la fragmentación normativa entre comunidades autónomas que obstaculiza el mercado único de la UE;
• aumentar la intensidad de la I+D y reforzar la colaboración entre la industria y el mundo académico para aumentar la inversión privada en I+D;
• aumentar la inversión pública en I+D hasta el 1,25 % del PIB de aquí a 2030 con incentivos fiscales bien diseñados y agilidad en las subvenciones para impulsar los sectores de alto valor y aumentar la cofinanciación privada;
• reformar los incentivos y la gobernanza en las universidades y la investigación pública para dar prioridad a la innovación y la colaboración entre la investigación y
las empresas, y apoyar a los agentes de intermediación del conocimiento;
• desarrollar centros sectoriales (por ejemplo, de IA o biotecnología) para acelerar la adopción por el mercado de los avances en investigación y aplicar una evaluación sistémica de las políticas;
• promover la convergencia social al alza mediante la calidad del empleo y la lucha contra la pobreza de las personas empleadas. Seguir avanzando depende de la modernización de las políticas activas del mercado de trabajo, el aumento de la productividad laboral y la creación de empleo en sectores de alta productividad, y la reducción de las disparidades mediante medidas específicas y coordinadas a nivel autonómico;
• promover el desarrollo del capital humano aumentando la pertinencia de las capacidades para el mercado laboral a fin de reducir la inadecuación de las capacidades mediante la armonización del aprendizaje de las personas adultas, la educación superior y la educación y formación profesionales (incluida la EFP dual) con las necesidades
del mercado laboral, en particular en el ámbito de CTIM;
• reducir las desigualdades educativas y mejorar el acceso a la educación entre comunidades autónomas;
• abordar las brechas persistentes en las capacidades básicas y el abandono escolar prematuro, así como las disparidades territoriales y socioeconómicas, para reforzar la
cohesión social y la competitividad;
• ampliar el parque de viviendas, especialmente de vivienda asequible y social en las zonas de gran demanda, como las principales ciudades y zonas con alta intensidad turística. Para ello, España podría eliminar los cuellos de botella administrativos, facilitar la disponibilidad del suelo y agilizar la concesión de permisos para acelerar la construcción; dar un nuevo uso al parque inmobiliario existente, impulsando al mismo tiempo la productividad de la construcción; ampliar la vivienda social en venta y alquiler, preservar su carácter social tras la transmisión de la propiedad y mejorar su sostenibilidad financiera a través de modelos de negocio menos dependientes
de la financiación pública;
• reducir la pobreza, especialmente la infantil, en particular reequilibrando el gasto social entre generaciones, y mejorando el diseño de las transferencias sociales, en relación con su cobertura, utilización, eficiencia y adecuación, en particular para las familias con menores;
• simplificar y mejorar la eficiencia del sistema tributario y llevar a cabo revisiones del gasto para mantener la sostenibilidad fiscal, preservando al mismo tiempo el crecimiento;
• mejorar el seguimiento de los gastos tributarios, limitar los tipos reducidos del IVA al tiempo que se adoptan medidas compensatorias para proteger a los hogares con bajos ingresos y se aumentan gradualmente los impuestos medioambientales para apoyar la transición ecológica;
• aumentar el gasto en defensa y adoptar medidas más decisivas en la aplicación de las recomendaciones de anteriores revisiones del gasto, en particular en ámbitos como las recetas de productos farmacéuticos, el gasto hospitalario o la gestión de residuos;
• mejorar la resiliencia y la flexibilidad de las redes eléctricas, incluidas las interconexiones, abordando al mismo tiempo los cuellos de botella en el almacenamiento y en las energías renovables;
• intensificar las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, mejorar la gestión hidrológica y adaptar las infraestructuras críticas;
• reforzar la gestión de riesgos, en particular mediante un mayor desarrollo del marco de financiación de las medidas por catástrofes;
• mejorar la gobernanza y la coordinación entre autonomías para abordar mejor los crecientes riesgos de catástrofes naturales;
• mejorar el funcionamiento del sistema judicial garantizando una dotación de personal adecuada, una digitalización armonizada en todas las comunidades autónomas y la plena interoperabilidad de los sistemas de gestión de expedientes para impulsar su eficiencia, calidad y el entorno empresarial.
En otros ámbitos, España se beneficiaría de:
• impulsar la eficiencia energética en viviendas públicas y, especialmente, en las privadas, abordar la pobreza energética y la asequibilidad;
• apoyar la descarbonización de la industria, la electrificación del transporte y los proyectos estratégicos para extraer, procesar y reciclar materias primas fundamentales;
• mejorar el acceso a la financiación, especialmente al capital riesgo, en particular reforzando los planes de pensiones complementarios e incentivando la inversión minorista indirecta;
• ampliar la capacidad de atención primaria y los cuidados de larga duración y reducir los plazos de espera, mejorando la eficiencia y abordando la escasez de mano de obra y las disparidades entre autonomías;
• abordar la rápida despoblación en algunas zonas fomentando actividades económicas más diversificadas, promoviendo la mejora de las capacidades
y el reciclaje profesional e invirtiendo en infraestructuras y servicios sociales.
