El Congreso avalará por amplia mayoria el dictamen final de la proposición de ley por la que se concede la nacionalidad española a alrededor de 80.000 saharauis. La decisión supone un duro revés para Marruecos, que siempre quiso demorarla para nacionalizar a los saharauis que no se exiliaron en Tinduf.
Se trata de una iniciativa impulsada por Sumar (Enrique de Santiago ha sido su artífice) tras presionar al PSOE a lo largo de toda la legislatura.
La accion y ve la luz en un momento especialmente sensible por las tensiones con Marruecos tras la crisis en Ceuta, que sigue sin resolverse.
Regulación de migrantes deja fuera a los saharauis, por apátridas.
En abril de 2025, el Consejo de Ministros aprobó una nueva regulación para legalizar (o regularizar) a 1,3 millones de extranjeros siempre que acrediten que carecen de antecedentes penales y legitimen la residencia previa en, al menos, cinco meses. En ese marco, los saharauis no figuraban porque se les considera apátridas.
Sin embargo, los colectivos de defensa de los derechos saharauis, como descendientes de la provincia española número 54 hasta la Marcha Verde marroquí en 1975, lamentaron el olvido institucional y político del Gobierno de Pedro Sánchez con unos «ciudadanos que merecen el respeto y el reconocimiento de la historia reciente».
Se calcula que en España residen de forma estable entre 15.000 y 25.000 saharauis. Muchos constan oficialmente como «apátridas» o con pasaporte de países vecinos (principalmente Argelia o Mauritania). Otros tantos han obtenido la nacionalidad española después de tres años de residencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha llegado a calcular que unos 75.000 saharauis tienen derecho a obtener la nacionalidad española.
El Congreso pondría dar por superada una sentencia 2020, una sentencia judicial determinó que el Sáhara Occidental no se considera «España» a efectos de obtener la nacionalidad por origen (como ocurría con los nacidos antes de 1975). Esto obligó a los saharauis a solicitar la nacionalidad por residencia (10 años) o a través del estatus de apátrida, lo que diluye su rastro en las estadísticas de extranjería tradicionales.
