España abre más competencia en la red de cables submarinos de Canarias, un negocio de escasa visibilidad mediática pero que mueve cientos de millones de euros en el tráfico de las telecomunicaciones.
Por su posición geográfica, Canarias es uno de los territorios que eligen las grandes operadoras europeas (Telefónica, France Telecom o British Telecom) para conectar Europa con América del Sur y África; algunos cables, con 17.000 kilómetros de longitud bajo el mar, llegan hasta la Península árabe. La casi totalidad de esas infraestructuras cuentan con puntos de amarre en Gran Canaria y Tenerife.
Ahora, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dependiente del Gobierno del Estado, ha dado un paso para desregular y abrir más la competencia en las redes de las Islas, con un plazo de seis meses para acelerar la entrada de nuevos proyectos alternativos.
En Canarias, además de la importancia histórica de Telefónica (con más de 40 años de inversiones en cableado de fibra óptica), operan el Cabildo de Tenerife, a través de una sociedad llamada Canalink, y Cable Submarino SA, una empresa que inició su andadura en 2002, pero que ha reducido su empuje financiero en la renovación de las redes.
El consejo de administración de Cable Submarino SA está presidido por el político e inversor José Carlos Francisco, ex regidor de la CEOE de Tenerife y actual responsable del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias. Los socios mayoritarios de Cable Submarino son el Cabildo tinerfeño (Canalink) y Sodecan, empresa pública dependiente de la Consejería de Economía del Gobierno, en manos del PP, que controlan el 66% de las acciones. Tanto Sodecan como Canalink se abstuvieron en la aprobación de las cuentas de 2022 en julio de este año.
Impulso de la CNMC
En la actualidad, la CNMC está revisando el mercado de líneas alquiladas troncales, que son conexiones de banda ancha de altas prestaciones y capacidad que los operadores se prestan entre sí para completar tramos de su rred. La CNMC propone desregular completamente este mercado.
El mercado de las líneas alquiladas troncales en España está en su mayor parte desregulado, excepto en nueve rutas submarinas que conectan las islas menores de los archipiélagos balear (rutas Mallorca – Menorca e Ibiza – Formentera) y canario (rutas Gran Canaria – Lanzarote, Gran Canaria – Fuerteventura, Tenerife – La Palma, Tenerife – La Gomera y La Gomera – El Hierro), así como las rutas que unen Ceuta y Melilla con la Península. En estas rutas, Telefónica está actualmente obligada a ofrecer a otros operadores líneas troncales de alta capacidad a precios determinados por la CNMC.
En el análisis de este mercado, la CNMC se ha centrado en la situación competitiva en los nueve territorios conectados, así como en la evolución de los cables submarinos que los conectan.
En lo que respecta al mercado minorista, la CNMC ha constatado que en estos territorios se han producido relevantes despliegues de redes de banda ancha de nueva generación, en especial de fibra. De hecho, en varios de estos territorios la penetración de las redes de nueva generación es superior a la media nacional.
En lo que respecta a la situación de los cables submarinos, en todas las rutas a excepción de La Gomera – El Hierro, se han desplegado (o está previsto) el tendido de nuevos cables alternativos a Telefónica por diferentes actores (Canalink, Reintel, GTD y la Ciudad Autónoma de Melilla).
La experiencia en las cuatro rutas submarinas ya desreguladas (Península – Mallorca, Mallorca – Ibiza, Península – Canarias y Gran Canaria – Tenerife) muestra que la aparición de nuevos cables submarinos alternativos a los de Telefónica supone un incremento muy notable de la competencia en este mercado mayorista.
La CNMC concluye que para 8 de las 9 rutas se han superado o se van a superar las barreras a la entrada y el mercado tiende a la competencia. Asimismo, para la ruta La Gomera – El Hierro, dada su escasa conflictividad regulatoria hasta la fecha, se considera que la aplicación del derecho de competencia ex post resulta suficiente para abordar las potenciales conductas restrictivas de la competencia. Por tanto, la CNMC propone desregular estas 9 rutas y retirar las obligaciones vigentes de Telefónica en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la resolución definitiva.
La CNMC realizará, en cualquier caso, un seguimiento de la evolución de la dinámica competitiva en estas rutas una vez desregulado el mercado.
Esta propuesta de la CNMC se somete a un periodo de consulta pública de un mes de duración improrrogable, en el que se recabarán las opiniones de los agentes del sector. Posteriormente, este organismo remitirá su proyecto de medida a la Comisión Europea y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para recabar su opinión antes de adoptar una resolución definitiva.
