Eólico en Canarias prueba las cuentas opacas en el Fortis Bank de Luxemburgo
El jurado popular declara culpables a Celso Perdomo y Mónica Quintana al utilizar vehículos financieros donde los empresarios depositaron las comisiones
Eólico en Canarias prueba la existencia de las cuentas opacas en el Fortis Bank de Luxemburgo.
El vehículo financiero utilizado por la trama éolica para depositar el pago de comisiones a políticos y funcionarios, se convirtió en el argumentario básico del jurado popular para declarar culpables al ex director general de Industria hasta 2004, Celso Perdomo, y a su pareja, Mónica Quintana, además de un funcionario de alto rango, Honorato López, un abogado, Alfredo Briganty, y 2 empresarios, Enrique Guzmán y José Esquivel.
Tanto Perdomo como Quintana son funcionarios del Cabildo de Gran Canaria y se exponen a una inhabilitación en el ejercicio de sus funciones, además de penas de prisión que deberán considerarse ahora en la sentencia que emita el magistrado presidente de la Sala, Pedro Herrera.
Según el veredicto, Celso Perdomo se dejó sobornar por tres empresarios para amañar el concurso convocado por la comunidad autónoma para autorizar la instalación de parques eólicos.
El veredicto, dictado por unanimidad, considera probado que Perdomo cobró casi 36.000 euros de los acusados Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel para obtener un trato de favor en el reparto de megavatios.
En un acuerdo por unanimidad, el jurado determina que Enrique Guzmán depositó, en 2 pagos, unos 25.000 euros en una cuenta del Fortis Bank de Luxemburgo aperturada a nombre de Mónica Quintana.
Los ingresos formaban parte de un anticipo para armar un grupo de intereses privados en torno al concurso eólico que promovía en la década pasada el Gobierno regional.
De Román Rodríguez a Adán Martín
El precursor del concurso fue Coalición Canaria bajo el mandato de Román Rodríguez antes de la creación de Nueva Canarias.
Como a Rodríguez no le dio tiempo, el testigo lo recogió Adán Martín, quien encargó la promoción del concurso al consejero de Industria, Luis Soria.
En esa consejería trabajaba Honorato López y Celso Perdomo acaba de ser nombrado titular de Industria a petición de José Manuel Soria, según declaró en el juicio Juan Antonio Núñez, número 2 de la Consejería y brazo técnico de Luis Soria.
La Policía Nacional tardó más de un año en rastrear las cuentas de Luxemburgo, ya que este país posee políticas de secretos financieros.
En 2006, el Fortis Bank se incorporó al sumario como elemento de manifiesta culpabilidad y el Ministerio Público dirigido por Luis del Río se mantuvo firme en defender las cuentas bancarias para acreditar el soborno.
El tribunal sostiene que Celso Perdomo filtró información reservada sobre el concurso eólico antes de que este se convocase, con detalles sobre los criterios de valoración e incluso sobre los terrenos elegidos para los parques eólicos, sus propietarios y los números de teléfono de contacto de estos.
La Fiscalía pide 4 años y 3 mesesde cárcel y 9 años de inhabilitación para Perdomo por cohecho, violación de secretos y un tercero de malversación de fondos públicos (gastó 740 euros en libros con cargo a su presupuesto oficial).
Mónica Quintana fue declarada culpable de haber participado como cooperadora necesaria en el cobro de los sobornos a través de la cuenta luxemburguesa.
Enrique Guzmán, a la izquierda, en el juicio, junto a su letrado.
El fiscal considera a Mónica Quintana cooperadora necesaria de los delitos de cohecho y malversación y propone que se le imponga dos años y nueve meses de cárcel así como cuatro años de inhabilitación y una multa.
Para los empresarios y para el funcionario involucrado, que han reconocido su culpabilidad y han mostrado su arrepentimiento, pide penas de cinco meses de prisión que pueden ser sustituidas por una multa de acuerdo a la nueva legislación.
Las sospechas judiciales
La Policía Nacional estuvo meses investigando las operaciones delictivas de los encausados.
Las sospechas judiciales y policiales mantuvieron desde el primer momento que la trama era mucho más ambiciosas, con más personas, entre empleados públicos, mediadores, ejecutivos de La Caja de Canarias y empresas privadas.
Meses antes de las detenciones, Adán Martín destituyó a Luis Soria y a los consejeros del PP. Encargó una investigación interna que descartó irregularidades.
Durante el juicio, la ex consejera Marisa Tejedor fue rehusada como testigo pese a que su testimonio resultaba, a priori, esclarecedor para conocer los movimientos del PP y CC, socios hasta 2005 en el Ejecutivo.
Antes de que adjudicara la potencia eólica (400 megavatios), Adán Martín comunicó al Parlamento en diciembre de 2005 que suspendía el concurso por algo tan elemental como saltarse el procedimiento de amparo al Consejo Consultivo.
El trámite debió corresponder al anterior consejero, Julio Bonis, en 2002, pero nadie reparó. Lo cierto es que las detenciones se produjeron 2 meses después: febrero de 2006.
