Endesa vendería el negocio de generación eléctrica en Canarias para rebajar los índices de contaminación climática que se le vienen encima.
Endesa factura unos 2.000 millones de euros en Canarias, donde opera en régimen de monopolio en generación, que es la parte más sustanciosa del sistema energético que se complementan con el transporte y la comercialización.
El beneficio estimado en las Islas alcanza los 200 millones de euros, pero ni siquiera la cifra de negocio es suficiente ante la creciente preocupación que despiertan los derechos de emisión de CO2, el principal causante del calentamiento del planeta.
Endesa, propiedad de la italiana Enel, no quiere cargar con el coste que suponen las emisiones de sus centrales térmicas basadas en el uso ilimitado de derivados fósiles, como carbón o, como el caso de Canarias con fuel-oil ante la prohibición de disponer de gas para las plantas de ciclo combinado de Juan Grande (Gran Canaria) y Granadilla (Tenerife).
Endesa ha dispuesto un plan para quitarse el carbón, pero con el fuel-oil baraja, simplemente, desinvertir.
En el caso del carbón es más que probable el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Litoral, debido a la «discontinuidad de la producción de sus centrales de carbón en la Península» por la modificación de las condiciones de mercado, que, según comunicó la eléctrica, propician que «el funcionamiento de estas centrales no resulte previsible en el mercado de generación en el futuro«.
Los precios del CO2 pasaron de una media de 6 euros por tonelada en 2017 a 16 euros por tonelada en 2018, con un crecimiento de cerca del triple entre un año y otro.
Además, a lo largo de 2019, el precio medio alcanzó los 25 euros por tonelada (un 56% más que en 2018), según datos de SendeCO2 (Sistema Europeo de Negociación de CO2), empresa dedicada a la compraventa de derechos de emisión.
Endesa ya había anunciado con anterioridad el cierre de las dos centrales de generación con carbón que tiene en el interior y que operan con carbón nacional: Compostilla, en León, y Andorra, en Teruel.
Por el contrario, en las de Litoral (1.160 megavatios) y As Pontes (1.468 MW), que usan carbón de importación, la compañía llevó a cabo inversiones por valor de cerca de 200 millones de euros en cada planta para que pudieran seguir funcionando como máximo hasta 2030.
A pesar del coste, los nuevos criterios de emergencia climática pesan más al aplicar el máximo rango de la UE: ‘quien contamina, paga’, de manera que mantener en su cartera de activos plantas como las de fuel-oil, resultan contraproducentes.
Los gobiernos central y autonómico, ambos del PSOE, promueven legislaciones sancionadoras para las empresas más contaminantes, hasta el punto de que los operadores serían excluidos de los incentivos fiscales. En Canarias, los beneficios tributarios de Endesa con cargo al REF superan los 130 millones de euros al año.
Mientras en Península prevé clausurar plantas de carbón, en Canarias el futuro de las centrales es más incierto.
Transición energética
El director regional de la italiana, Pablo Casado, reitera que «no se construirán más» centrales convencionales de ciclo combinado, a las que se ha impedido combinar fuel-oil con gas.
Pablo Casado es partidario de una «transición energética» sin regasificadoras, «si acaso con plantitas flotantes» de gas desde el mar para asistir a Juan Grande y Granadilla en un periodo de 8 a 10 años.
En paralelo, la transición a la que alude Casado se basa en una macro inversión de 10.000 millones de euros en Canarias en los próximos 20 años (hasta 2040) con el objetivo de generar de forma limpia el cien por cien del consumo eléctrico.
La inversión está por detallar pero, en parte, se sustentaría entre aportaciones privadas y públicas a razón de 250 millones de euros al año que permitiría, en su opinión, construir 500 megavatios al año (el total de lo habilitado en toda Canarias) y acatar, de paso, los objetivos de emergencia climática de los gobiernos.
Casado sabe que cuando Endesa, Viesgo y EDP cierren las plantas de carbón de la Península, entre los años 2020 y 2021, el fuel-oil de Canarias pasará a ser el recurso más contaminante de España.
En la cumbre climática de Madrid, en diciembre de 2019, Endesa alertó al consejero de Transición Ecológica, José Valbuena (PSOE), de que no asumirá el coste social y empresarial de una alarma en los índices de contaminación de CO2, un hecho que afectaría incluso a su cotización en la Bolsa ante la cada vez más influyente política verde.
En un encuentro sin periodistas en la cumbre climática, técnicos de la compañía eléctrica presentaron un informe confidencial sobre Canarias (no público aún), que razona cómo las plantas de fuel-oil supondrán el 60% de las emisiones totales de España sobre el 15% al cierre de 2019.
Según fuentes conocedoras del expediente isleño, Endesa planteó a José Valbuena flexibilizar los condicionantes sobre el gas. El consejero se mostró en contra salvo para la actividad de bunkering en los 2 puertos capitalinos.
Endesa genera al año unos 2.700 megavatios a través de la quema de fuel-oil mientras que las energías limpias apenas aportan 53 megavatios.
La potencia global instalada en las Islas llega a 3.200 megavatios, de manera que las renovables alcanzan con dificultad los 500 megavatios (el 13%), con un 50% por igual entre eólica y fotovoltaica.
Endesa es la compañía que más contamina en España, con 30 millones de toneladas de CO2 (el 10% del total nacional) a finales de 2018.
Canarias, por su parte, figura en la mitad del ránking nacional con 5 millones de toneladas de CO2 anuales provocado por los gases de efecto invernadero.
En este contexto de tiras y aflojas con la nueva administración socialista y la imposibilidad de sustituir el fuel-oil, Enel ha valorado desinvertir en Canarias a través de conversaciones avanzadas con compañías petroleras interesadas en diversificarse hacia las energías limpias.
