Empresas del Puerto estudian entrar en el capital del GC Baloncesto
El ex jugador Joel Freeland tendría avanzada una operación para adquirir el 51% del club por unos 2 millones de euros. El Cabildo aporta cada temporada unos 3 millones como accionista único de la entidad
Empresas del Puerto de Las Palmas estudian entrar en el capital del Gran Canaria Baloncesto.
El ex jugador Joel Freeland tendría avanzada una operación para adquirir el 51% del club por unos 2 millones de euros, en la que participarían operadores portuarios.
El equipo es propiedad al cien por cien del Cabildo de Gran Canaria, que aporta cada temporada unos 3 millones de euros para el sostén financiero.
Freeland, que jugó en la NBA en Estados Unidos durante 4 temporadas, lidera un plan para entrar en el Granca con al menos el 51% de las acciones, lo que daría al club mayoría privada y le permitiría, además de aliviar la contabilidad, contrarrestar las acusaciones de dumping que recibe por el resto de los competidores en la liga española.
Gran Canaria es el único equipo profesional de los países desarrollados de titularidad pública, una circunstancia prohibida por la Unión Europea cuando regula las ayudas a las empresas. Sin embargo, los intentos por privatizar el club han fracasado de forma sistemática.
Por un lado, el Cabildo no ha conseguido un respaldo económico “sólido y creíble“, según fuentes oficiales, para tomar las riendas de la sociedad. Herbalife, principal patrocinador, aporta unos 700.000 euros por año, una cantidad alejada de los 4 millones de euros en los que está fijado el valor completo del club.
En 2019, se frustró la negociación con un fondo (HMK) pese a que las conversaciones las encabezó el presidente de la corporación insular, Antonio Morales (NC), y el entonces consejero de Deportes, Ángel Víctor Torres (PSOE), hoy jefe del Ejecutivo regional.
La eliminación del equipo en las finales de la ACB, aceleró desde este viernes, 26 de junio de 2020, las negociaciones para pujar por al menos el 51% de la entidad.
Los aspirantes han propuesto un proyecto basado en una diversificación de la práctica deportiva, distinguiendo entre el equipo de élite y una infraestructura de escuelas de base diseminadas por la isla.
Los impulsores disponen de un plan económico que “hace creíble ser escuchados“, pero no ha trascendido cuántos operadores portuarios participarían ni tampoco qué banco financiaría la operación.
En medio de la iniciativa para tomar el 51%, se producen tensiones institucionales que provocarían cambios en la junta directiva (posible salida del director técnico, el ex jugador Berdi Pérez) y en la figura del entrenador, el griego Fotis Katsikaris, incluso podría trascender al presidente del club, el abogado Enrique Moreno, que cuenta con el respaldo de Antonio Morales.
Katsikaris, por ejemplo, ha anunciado que demandaría al Cabildo ante el Juzgado de lo Social por la presunta rescisión de su contrato, comunicada en plena competición en Valencia, y que le permitía continuar una temporada más sin bajarse el sueldo.
En cuanto al presidente, su condición de simultanear la presidencia del club con la asesoría jurídica de la patronal de consignatarios y estibadoras del Puerto, Asocelpa, ha multiplicado la susceptiblidad política del Puerto después de que la asociación de empresarios acordara el lunes, 22 de junio de 2020, denunciar a la totalidad del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas que preside Luis Ibarra (PSOE).
La denuncia de Asocelpa se fundamenta en un pliego para ordenar la actividad de los remolcadores, aprobado por la Autoridad Portuaria, al que un sector de la patronal se opone a pesar de que favorece la competencia entre Boluda y Fairplay. El contencioso, acordado solo por un voto de diferencia, quedaría firmado por el abogado de Asocelpa.
En 2019, cuando Luis Ibarra era aún consejero del Cabildo tras las elecciones locales, el PSOE anunció que relevaría a Enrique Moreno como presidente del Gran Canaria.
La marcha de Ibarra al Puerto pospuso la renovación de Moreno. El nuevo consejero de Deportes, Francisco Castellano (PSOE), también lo intentó, pero no tuvo éxito tras encontrarse con el veto de Morales.
Morales, que es vocal del consejo del Puerto, fue el único que no respaldó el pliego de Fairplay, en mayo de 2020; el presidente del Cabildo se abstuvo. Cuando Asocelpa demande al Puerto, Morales será el único consejero que quede exento de la denuncia.
