Emalsa pesca a Inmaculada Medina para evaluar la posible recompra del capital privado de la sociedad de abastecimiento de aguas.
Las negociaciones comenzarían en 2020, acorde a la idea que barajaron en 2015 los 3 partidos integrantes del pacto de progreso, PSOE, Podemos y Nueva Canarias.
Augusto Hidalgo, alcalde de LPGC, refuerza en el consejo de administración a Javier Doreste y a Pedro Quevedo para crear un ‘frente popular’ contra el fondo sueco EQT, dueño del 66% de la sociedad. La operación costaría unos 18 millones de euros.
Inmaculada Medina, que estrena el cargo de concejala de Aguas, suple en el consejo a su antecesor, Roberto Santana.
Inmaculada Medina ocupará una de las 4 plazas asignadas en el consejo de Emalsa a los 4 representantes del Ayuntamiento, junto a Hidalgo, Doreste y Quevedo.
El consejo está formado por 16 miembros, de los que el Consistorio público dispone de 4 miembros en virtud del 34% de las acciones.
La recompra del capital privado de Emalsa formó parte del programa político del tripartito en 2015. A lo largo del pasado mandato, las 3 formaciones sondearon sin éxito el inicio de las negociaciones.
La estrategia de nacionalizar Emalsa (o sea, poner bajo la explotación y administración del Ayuntamiento los bienes y servicios de la compañía) se intensificó a partir del último trimestre de 2018, casi en vísperas electorales.
El alcalde criticó con dureza que como regulador del negocio y accionista mayoritario hasta ese momento, no fuera informado con anticipación para ejercer un derecho de tanteo.
El fondo EQT, propiedad de la familia sueca Wallenberg, tomó el 66% del capital de Emalsa como dueño principal de Saur (tiene el 33%). A su vez, Saur compró Valoriza (Sacyr), que hasta verano de 2018 era el tercer accionista con el 33% restante.
Hidalgo dirige desde entonces la compra parcial de al menos el 17% de las acciones de Emalsa para convertirse en el socio mayoritario, y desde esa posición ejercer más presión para que el 100% vuelva al Ayuntamiento, igual que en 1993.
Emalsa fue convertida en sociedad mixta en 1993, durante el mandato del socialista Emilio Mayoral como alcalde, cuando se adjudicó su gestión, tras un concurso público, a una UTE compuesta por Saur y Unelco.
A aquella contienda se presentaron también Aquagest, hoy Canaragua, que pertenece al grupo Aguas de Barcelona (Agbar); y la Compañía General de Aguas E. S.A. Finalmente, fueron Saur y Unelco las que se hicieron con la compañía mixta. Aquagest llevó a los tribunales la adjudicación, en un pleito que duró dos décadas y que se saldó con una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se avalaba la postura de los adjudicatarios.
Durante este proceso, en el año 2005, Unelco vendió su 33% a la constructora Sacyr y así ha sido hasta 2018 con el pase a Saur y, por extensión, al fondo nórdico EQT.
Durante el mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (2011-2015), se produjo el mayor conflicto entre los socios privados y el Consistorio.
El entonces alcalde, Juan José Cardona, denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión del ciclo del agua en la capital. Aquella denuncia terminó con la imputación de 15 directivos de las dos firmas por parte del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas por presuntos delitos societarios.
Por otro lado, otro de los miembros del consejo de Emalsa por Saur, José Luis Rubio, fue ratificado en julio de 2019 como presidente de Sercanarias, una empresa auxiliar de servicios de alcantarillado propiedad del capital francés.
En 2018, Augusto Hidalgo exigió a Sercanarias que rescindiera los contratos con Emalsa, tras un angustioso conflicto laboral con la plantilla que mermó los servicios de desagüe de la ciudad.
