El ‘caso Alberto Rodríguez’ hace tambalear el pacto
"La Corona de España se permite el lujo de no declarar fiscalmente millones de dudoso origen y para más Inri guardar esos beneficios en paraísos fiscales y tampoco pasa nada"
El Tribunal Supremo condenó al diputado Alberto Rodríguez por golpear a un agente de la autoridad durante una manifestación celebrada en 2014 en el municipio de La Laguna (noticia publicada en Espiral21, el pasado 22 de octubre). Rodríguez era condenado a una pena de prisión de mes y medio que fue sustituida por una multa de 540 euros (ya pagada por el diputado) y/o la inhabilitación de sufragio pasivo para ejercer su cargo en el Congreso de los Diputados. Los servicios jurídicos de la Cámara Baja han trabajado para aclarar este embrollo jurídico/político pero la batalla estaba servida. Los letrados de la cámara poco o nada han ayudado a esclarecer este tema y se han enredado en una discusión judicial con el Tribunal Supremo reclamando explicaciones a la sala segunda del TS presentando recursos, etcétera. Este ir y venir ha durado cerca seis años pero todo ha llegado a su fin.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, los servicios jurídicos y los grupos políticos de Podemos y Socialista han remado a favor de sustituir el pago de la multa por la inhabilitación reflejadas en la sentencia. En el otro bando, nos encontramos con la firme oposición de las derechas del congreso, Vox y la personal implicación del juez Manuel Marchena aunque avalada, eso sí, por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Al final, todo da un giro y el grupo Podemos en la Cámara Baja ha terminado denunciando a la presidenta del Congreso la señora Batet por prevaricación ya que ante el insistente requerimiento del juez Manuel Marchena terminó claudicando y solicitando/retirando el escaño a Alberto Rodríguez.
No quisiera que se interpretara este articulo como una defensa al diputado Alberto Rodríguez ni cuestionar lo dictado por el TS, faltaría más. Pero sí hacer una reflexión para apoyar que la ley está para acatarla nos guste o no esa ley, es más, el auténtico ejercicio democrático es acatar la ley sobre todo cuando la ley propiamente no le guste a uno. En eso, este país es experto, cuando no nos gusta la ley no la cumplimos. Lamentablemente hasta en la clase política se cumple esa premisa. Cuantas leyes se dejan de cumplir como las de Educación, Memoria histórica o Igualdad por el mero hecho de no gustarle al regidor de turno.
Tras estudiar el caso con detenimiento me parece sorprendente, aunque no justificable que por una reyerta a golpes (dar una patada) durante una manifestación entre un diputado y un agente de la Autoridad termine en una sentencia de tal calibre que pasa incluso por encima de la inmunidad política que va inherente al cargo de diputado. Inmunidad que ha servido a muchos políticos, más de lo que nos gustaría, para salir de rositas de algún que otro lío.
Políticos que actualmente están sentados en el Congreso de los Diputados y en otras instituciones del Estado como ayuntamientos o diputaciones que siguen apoltronados en sus cargos aguantando el chaparrón y enseñando “dientes dientes” como dice la Pantoja hasta que pase la novedad mediática, aunque recordando a Joan Manuel Serrat “todo pasa y todo queda”, y “lo sabes” como dice Julio Iglesias.
En el camino quedan casos de prevaricación, tráfico de influencias, Masters falsificados o desaparecidos, recalificaciones de terrenos fraudulentas, despilfarro de millones sin justificar en inversiones públicas (ERES de Andalucía o la visita del Papa a Valencia), firmar sin tener el titulo de arquitecto/a sin que el colegio oficial lo recrimine de forma contundente, o ya que estamos, vender almacenes como loft o pisos sin la documentación pertinente mientras otra institución (ayuntamiento) mira para otro lado. Podría continuar con infinidad de casos que nos han dado los cuarenta años que llevamos de Democracia. Para terminar, la Corona de España se permite el lujo de no declarar fiscalmente millones de dudoso origen y para más Inri guardar esos beneficios en paraísos fiscales y tampoco pasa nada. Parece ser que la barra de medir no es la misma para todos. Se cumple la ley en algunos casos y en otros no y la responsabilidad no es siempre asumida por nuestros políticos.
Por eso ante este panorama y repito sin justificar el caso del diputado Alberto Rodríguez, me pregunto:
¿No les parece un delito casi de chiste comparado con los otros mencionados anteriormente?
¿Debe abandonar Rodríguez su escaño tras pagar la cantidad exigida en la sentencia en origen?
¿Debe prevalecer la inmunidad política ante un delito de este calibre?
Parémonos a pensar un poco y reflexionemos sobre el nivel de la política en España, un país en el que la palabra dimisión solo está en el diccionario de la RAE.
Fernando Ortega es periodista.
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