El cambio climático obliga
Estamos, por tanto, ante uno los hechos relevantes de la legislatura si es que la ley no se estanca y, como ocurriera con otras iniciativas legislativas, su aplicación se convierte en algo bloqueado. O sencillamente, no se desarrolla para que todo siga igual
A finales de 2019, fue aprobada por el Gobierno autónomo la Declaración de Emergencia Climática en Canarias, un acuerdo con el que se pretende comprometer y agilizar las políticas del Ejecutivo para frenar esa amenaza mundial. Esta Declaración tenía como principal propósito impulsar la tramitación y aprobación de la Ley Canaria de Cambio Climático, “una herramienta fundamental para el futuro de la biodiversidad, los ecosistemas, la economía y las futuras generaciones de Canarias”, tal y como destacó hace pocas fechas el consejero de Transición Ecológica del Gobierno, Lucha contra el cambio climático y Planificación territorial, José Antonio Valbuena.
El citado proyecto de Ley engloba objetivos como alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovable, implementar mecanismos de absorción de carbono en los medios físicos de Canarias (marinos, terrestres y atmosféricos), reducir la demanda de energía hasta valores sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética, apoyar la investigación en materia de cambio climático y crear espacios educativos y de información para la población sobre estos ámbitos de actuación.
Pues bien, ya hay borrador de esta Ley de Cambio Climático, según anunció días pasados el propio Valbuena, un ambicioso texto normativo que pretende situar al archipiélago en la vanguardia de aquellas tareas de gestión medioambiental y que se fija objetivos tales como la descarbonización de las islas en el año 2040. Lo que se plantea es un cambio de modelo y el establecimiento de obligaciones a todos los niveles, tanto en los sectores público como privado.
Estamos, por tanto, ante uno los hechos relevantes de la legislatura si es que la ley no se estanca y, como ocurriera con otras iniciativas legislativas, su aplicación se convierte en algo bloqueado. O sencillamente, no se desarrolla para que todo siga igual. Lo importante de iniciativas así es que la gente se identifique, las haga suyas, de modo que los objetivos a alcanzar sean una beneficiosa tarea colectiva. Tendrán que esforzarse desde la Consejería para concienciar y sensibilizar, con solución de continuidad, porque comenzar acciones que luego se pierden en el tiempo y no se conectan es un ejercicio estéril. Se requiere mucha pedagogía política para que la norma sea, desde su primer día de vigencia, útil y eficaz.
Aquí –y en todos lados- hemos de ser conscientes de que el cambio climático es un hecho muy serio que requiere predisposición, preparación y voluntad clara de afrontar el cambio con pragmatismo. El debate de tramitación debería ser un ejemplo de responsabilidad y de compromiso de los grupos parlamentarios y de aquellos otros agentes sociales posibles intervinientes. Tengamos presente que el texto quiere fijar objetivos a corto plazo para las administraciones públicas y pautas concretas para todos los sectores de Canarias, siempre en sintonía con las directrices que marca la Ley estatal de Cambio Climático. En esta línea, contempla medidas específicas para ámbitos como el turismo, el transporte, la agricultura, la sanidad o la seguridad, siempre desde un principio de gobernanza de cooperación entre todas las administraciones.
El departamento de Valbuena ha iniciado actuaciones que resultan prometedoras. Lástima que la pandemia haya alterado calendarios de trabajo y horizontes que parecen bien trazados. Promover la adhesión de las corporaciones locales de Canarias al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía Sostenible de la Unión Europea es ujna de las determinaciones enmarcadas en la Declaración de la Emergencia Climática y que ha contado por primera vez con fondos específicos en los presupuestos del Ejecutivo.
En concreto, la Consejería destinó 500.000 euros a incentivar y facilitar a las corporaciones locales la puesta en marcha de medidas encaminadas a mitigar los efectos del cambio climático. En este sentido, las instituciones que se adhieran a este Plan deberán comprometerse a recortar las emisiones de CO2 en, al menos, un 40% para el año 2030.
Por otro lado, la Consejería también trabaja en la actualidad en una propuesta de simplificación administrativa para facilitar el avance de determinados proyectos, revitalizar la economía de las islas y apoyar a multitud de sectores que se han visto afectados por la crisis de la COVID-19. El Parlamento y el Gobierno tratarán tales propuestas el próximo mes de septiembre.
A todo lo anteriormente expuesto, hay que añadir que este departamento autonómico iniciará en el mes de octubre los trabajos de la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural de Canarias y, a finales de año, hará lo propio con la reforma de la Ley del Suelo.
Las bases de trabajo parecen bien compuestas. Ahora, se trata de pedagogía política, esfuerzo y aplicación. El cambio climático obliga.
