Cerco al Gobierno con intensos registros en empresas públicas de la envergadura de la Sepi, Mercasa, Forestalia o Enusa. La operación doble de la Guardia Civil y la Policía Nacional se salda con el arresto del socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, como propietario de la empresa raíz de la presunta trama de ilegalidad, Servinabar, y la detención de los mandatarios de la aerolínea Plus Ultra.
La segunda gran sorpresa del día se produjo con el traslado a los calabozos del presidente y propietario de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al CEO del grupo, Roberto Roselli, después de que este jueves haya registrado la sede de la aerolínea en busca de documentación, en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales, al margen de la operación en la que ha sido detenida la exmilitante socialista Leire Díez.
Agentes de la UDEF han registrado la sede de esta empresa en una actuación que se enmarca en una causa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que se mantiene bajo secreto.
Se trata de una investigación diferente de la que se dirige contra Leire Díez, que fue detenida el miércoles junto a Fernández ante sospechas de irregularidades en contratos públicos.
‘Caso Leire’
Por otra parte, el otro foco noticioso contra la presunta corrupción del Gobierno se produjo cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en la sede de las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa para requerir documentación dentro de la operación en la que han sido detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
Estos requerimientos de información se enmarcan las pesquisas que dirige el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
En el marco de esta operación, que se encuentra abierta y bajo secreto sumarial, se están han desarrollando hasta 19 registros o requerimientos de información en empresas y domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.
Los agentes acudieron a las sedes de las empresas públicas a requerir información. En el caso de Enusa, donde estuvo contratada Leire Díez, se ha tratado de un registro.
Además de esas empresas públicas, los agentes han acudido a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid, a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa y a la empresa Cemsal.
El juez investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Los tres detenidos serán puestos este sábado a disposición judicial y se encuentran desde ayer en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).
Antxon Alonso, detenido en Vizcaya, ya estaba siendo investigado en el Tribunal Supremo por su relación con la presunta trama de corrupción en la que estaría implicado Santos Cerdán, con el que firmó una escritura de compraventa por el 45% de las acciones de Servinabar, si bien el exdirigente socialista asegura que nunca se hizo efectiva.
Según el último informe que presentó la UCO en el Supremo, Cerdán, a través de Servinabar, se quedaba con un 2% de cada adjudicación que lograba la constructora Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con la trama del caso Koldo, y que supuestamente lograría contratos por medio de la «indebida influencia» del exdirigente socialista.
Por su parte, Leire Díez estaba ya siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras contra miembros de la Fiscalía Anticorrupción o altos mandos de la Guardia Civil, como el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.
Ex trabajadora de empresas dependientes de la SEPI como Enusa y Correos, Leire Díaz enmarcó sus movimientos en una investigación periodística, pero en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser «mano derecha» de Santos Cerdán y «la persona que ha puesto el PSOE» para investigar posibles irregularidades.
Asimismo, Vicente Fernández también está relacionado con Servinabar, empresa en la que trabajó después de dimitir en 2019 como presidente de SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso en el que resultó absuelto al igual que el resto de los 16 acusados.
Fernández fue la mano derecha de la ministra María Jesús Montero cuando ejerció como consejera de Hacienda en Andalucía bajo el mandato de Susana Díaz. En ese entonces, Víctor Fernández ocupaba el cargo de interventor general de la comunidad. Con posterioridad, Montero lo fichó como presidente de la Sepi.
