Costas incitó a los ecologistas al saber que perdía las competencias
Madrid promovió entre 2018 y 2021 un fuego cruzado contra la actividad alojativa del Oliva Beach y del Tres Islas, para diluir los efectos del Estatuto de Autonomía de Canarias en el control de 1.500 kilómetros de litoral
Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, azuzó a grupos ecologistas a los que subvencionaba con fondos públicos, para que avivaran el conflicto de los dos hoteles de Riu ubicados en las dunas de Corralejo, al norte de Fuerteventura.
Costas promovió una estrategia de fuego cruzado contra la actividad alojativa del Oliva Beach y del Tres Islas, cuando comprobó que el Gobierno de Canarias iba en serio con el traspaso de competencias sobre los 1.500 kilómetros de litoral isleño.
Según fuentes nacionalistas próximas a Coalición Canaria consultadas por este periódico, Costas relativizó la capacidad autonómica del Archipiélago. “Jamás se creyó que se llevara a la práctica un derecho contemplado en la reforma del Estatuto de Autonomía, en 2018. Hay que comprender el trasfondo político para entender el alto volumen de inversiones empresariales que se encuentran paralizadas o diezmadas, entre las que destacan los dos hoteles de Corralejo”.
Portavoces ecologistas rechazan, por otro lado, la alusión a una posible complicidad con el Ministerio. “Es ciencia ficción, lo que pasa es que somos muy prudentes sobre este traspaso de competencias. Si en manos de la Administración estatal, son varios los conflictos sobre los usos que se permiten sobre suelo de dominio públco marítimo terrestre, dudamos que en manos de la Comunidad autónoma se proteja mejor o se eviten más desmanes costeros”.
Los episodios en torno a Costas comprendidos entre los años 2018 y 2021 muestran el celo del Ministerio a la hora de compartir la capacidad de gestión. “Al menos podemos entender que se intenta sacrificar a las 700 familias que trabajan en dos hoteles de Corralejo para negar la mayor a Canarias. Es una trama en la que debe poner orden el Gobierno canario y no ceder un milímetro en el traspaso de competencias”, explican fuentes de Intersindical Canaria, la central que más ahínco ha puesto en la defensa de los puestos de trabajo frente al riesgo de cierre como consecuencia de los expedientes incoados por Costas.
Ángel Víctor Torres consulta su reloj, junto a Antonio Morales, Teresa Ribera y Beatriz Corredor. (Foto E21).
En el año de la modificación del Estatuto de Autonomía, Mariano Rajoy cayó en una moción de censura que dio paso a Pedro Sánchez. El PSOE mantuvo el texto del Estatuto, y la reforma se llevó a cabo el 5 de noviembre. Pero el aparato administrativo de Costas en Madrid, ya dejaba claro que no facilitaría el traspaso.
Relevó al director de la demarcación canaria, Rafael López Orive, proclive a mantener el bloqueo a buena parte de los proyectos empresariales cercanos al litoral. Pero las gestiones de la entonces delegada del Gobierno, Mercedes Roldós (PP), no fructificaron antes de la salida de Rajoy para lograr un recambio más eficiente.
López Orive, que se jubiló en 2021, volvió al cargo en julio de 2018, tres meses después de su salida, pero esta vez bajo mandato socialista. Orive, que estuvo imputado por un caso de presunta corrupción en Tauro (Sur de Gran Canaria), no movió un papel al recuperar el puesto, convirtiéndose en el primer gran escollo para la inversión turística en los años 2018 y 2019.
Los expedientes de los dos hoteles de Corralejo quedaron más fiscalizados que nunca en los despachos de Madrid mientras se dirimía el pulso entre Canarias y el Estado. “Cuantas más iniciativas anunciábamos, peor se lo tomaba el Ministerio”, recuerda un dirigente de CC.
Sánchez convocó elecciones en abril de 2019 y ganó. En mayo, la victoria regional fue para Ángel Víctor Torres (PSOE); y en la nueva convocatoria de noviembre, los socialistas consolidaron el poder con Podemos, catalanes y vascos.
En mayo de 2019, hubo también comicios al Parlamento Europeo. Dos de los dirigentes españoles más influyentes en políticas sobre Medio Ambiente, Cristina Narbona (ex ministra y presidenta del PSOE) y José Borrell (ex ministro y Alto Comisionado de la UE) hicieron campaña en Fuerteventura, y pasearon junto a Blas Acosta (secretario insular majorero y viceconsejero de Economía) o Iñaki Lavandera (diputado regional).
Hotel Bahía Real, en Corralejo, un 5 estrellas propiedad de Blackstone, que logró en 2012 expropiar 2.000 metros de dominio público marítimo terrestre.
Fuerteventura es una isla conocida por Narbona. En enero 2012, dio una charla en el hotel Bahía Real de Corralejo, un complejo de 5 estrellas que hoy es propiedad del fondo americano de capital riesgo Blackstone. El 24 de noviembre de ese año, la ministra en funciones de Medio Ambiente, Rosa Aguilar (ex alcaldesa de Córdoba por Izquierda Unida y luego traspasada al PSOE), dictó una resolución otorgando a la propiedad del Bahía Real una ocupación de dominio público marítimo terrestre en la que se privatizaba 2.000 metros cuadrados de la playa del Charco de las Agujas.
La decisión de Aguilar, que se dio a conocer cuatro días después del triunfo electoral (el 20N) de Rajoy por mayoría absoluta, contaba con la oposición de un millar de vecinos y de la asociación de campista. Y como narró el periódico Fuerteventuralimpia.com, “los ecologistas durmiendo en los laureles ante semejante expropiación“.
En la actualidad, la orilla de Las Agujas, que cuenta con locales de restauración y ocio más cercanos al mar que el hotel Oliva Beach, no ha sido objeto de reparación por Costas, que ha centrado el foco en contenciosos con mayor proyección mediática. Las explosiones con dinamita en la baja, en 2014, para crear las dos plataformas sobre la lámina de agua (como se aprecia en el vídeo) tampoco fueron susceptibles de denuncia.
En su conferencia de 2012 en el Bahía Real de Corralejo, Cristina Narbona animó al PSOE a convertirse en vanguardia contra “la corrupción, el fraude y todo tipo de comportamientos insolidarios“.
Las elecciones europeas, que también favorecieron al PSOE frente al PP, dieron la bienvenida al Estatuto de Autonomía, que ya había entrado en vigor. El fuero canario se abría paso y, contrariamente a lo que apreciaba Costas al caer Coalición Canaria del poder, el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres dio un golpe de timón.
En una conferencia de prensa antes del verano de 2020, en pleno auge de la pandemia por coronavirus, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, confirmaba el propósito del traspaso inmediato de Costas e Instituciones Penitenciarias.
En enero de ese mismo año, Ben Magec (miembro de Ecologistas en Acción), había redactado un dossier titulado ‘Riu y el falso dilema‘, denunciando “la campaña de manipulación e intoxicación que ha llevado a la empresa Riu [en el Oliva Beach], tergiversando datos, defraudando a su plantilla y engañando a la ciudadanía para imponer sus intereses económicos”.
El documento, según su encabezado, analizaba pormenorizadamente la situación jurídica real en la que se encuentra el complejo, así como la actuación administrativa por la que se le otorgó y prorrogó la concesión. Incluso tendía “una mano a los sindicatos” para luchar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras.
Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas.
El dossier no convenció al Gobierno regional ni a las autoridades insulares, que mantuvieron el apoyo a la actividad hotelera e insistieron en asumir las transferencias en Costas.
Meses después del anuncio de Julio Pérez, en noviembre de 2020, Ecologistas en Acción (se sumaba Turcón), se personaba en los procedimientos administrativos con varias alegaciones para anular las concesiones al grupo Riu.
Entre 2020 y 2021, Ecologistas en Acción percibió del Ministerio de Transición Ecológicas subvenciones por valor de 1,1 millones de euros, tal y como adelantó este periódico.
La pugna contra Oliva Beach y Tres Islas continuó en 2021, pese a la crisis económica por coronavirus. Costas trató de recuperar la concesión, pero el Consejo de Estado lo desactivó. Sin embargo, continuó adelante con sendos expedientes sancionadores y el rechazo a dar por buenas las reformas en los hoteles, pese a que como concluye Riu, “Canarias vive del turismo“.
En 2022, Canarias está a punto de consumar el traspaso sobre Costas. El 23 de febrero se reúne la comisión bilateral con el Estado y, según afirmó en Las Palmas, la ministra de Transición Ecológica , Teresa Ribera, la transferencia culminará antes del verano.
Antes de la visita de Ribera, Madrid insistía en reservarse parte de las facultades administrativas, pero Torres insiste en que Canarias asumirá el máximo techo competencial, algo que irrita al aparato operativo de Costas.
