Consignatarios y estibadores evalúan los derechos de emisión
Un grupo del Puerto de Las Palmas se reúne en Bruselas con Gabriel Mato. La misiva estaba formada por Carmen Moreno, Jaime Cabrera, Luis Padrón o Maxi Díaz
Un grupo de representantes de los consignatarios y estibadores de la provincia de Las Palmas se reunió con miembros de la Dirección General de Acción por el Clima de la UE para solicitar que se pongan en marcha medidas que sirvan para reducir el impacto del nuevo Reglamento de derechos de emisión sobre la actividad del sector y, por tanto, sobre la economía de Canarias.
La reunión, promovida por el eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, tuvo lugar con la responsable de la Dirección General Clima B-Carbon Markets & Clean Mobility, Beatriz Yordi. Contó con la participación de Jaime Cabrera y Carmen Moreno, de la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Las Palmas (Asocelpa); Maximiliano Díaz y Pedro Cazón, de la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios de Las Palmas (Asep), y Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Gran Canaria y miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria.
Tras la reunión, la directora general Beatriz Yordi se comprometió a hacer un análisis de las posibles consecuencias negativas de la aplicación de la directiva para, en su caso, proceder a su revisión y posterior modificación. Yordi también sugirió que parte de los 55.000 millones de euros que supondría los derechos de emisión, de los cuales 5.000 corresponden a España, puedan ser utilizados en beneficio de Canarias en distintos ámbitos que estén relacionados con el Pacto Verde Europeo.
Los consignatarios y estibadores expusieron a Beatriz Yordi que la aplicación del Reglamento de Derechos de Emisión sobre el transporte marítimo puede hacer que Canarias desaparezca de las cadenas y rutas de suministro internacionales, al afectar gravemente a la conectividad de los puertos canarios.
Explicaron que la condición de ultraperificidad de Canarias implica un gasto extra por el pago de las emisiones que convertirían en insalvable la distancia con el continente europeo. Incidieron en que la competencia de los puertos del Archipiélago son los de la costa Atlántica de África Occidental, que ya están exentos de cualquier pago de emisiones, por no aplicarse la normativa europea en esos territorios.
En detalle, confirmaron que el transbordo internacional supone el 89% de la actividad y que se caracteriza por su alta volatilidad y fácil recolocación, por lo que la pérdida de rutas internacionales impactarían directamente en la balanza comercial de Canarias, tanto desde el punto de vista de las importaciones como de las exportaciones.
Asimismo, trasladaron a Beatriz Yordi el incremento de los costes al que se vería enfrentado el abastecimiento de Canarias, además de que habría que utilizar el transporte aéreo en el caso de los productos perecederos procedentes de terceros países, con la consiguiente subida de costes y de emisiones.
La afección a la generación de empleo vinculado a los puertos, la reducción de la actividad de estiba o la marcha atrás en determinadas inversiones previstas en las terminales de transbordo, fueron otros de los perjuicios que se trasladaron a las instituciones europeas.
También tuvo lugar un encuentro con la jefa de la delegación de la Cámara de Comercio de España en Bruselas, Pilar Ruiz, con quien se compartió los mismos datos y preocupación sobre esta materia.
