Consejera de Turismo oculta bienes por investigación judicial en Inalsa
Consejera de Turismo del Gobierno canario, María Teresa Lorenzo, sigue ocultando la declaración de sus bienes, pese a las obligaciones contraídas con la Ley de Transparencia. Lorenzo está investigada por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife por su participación en un presunto caso de prevaricación en la empresa de aguas Inalsa, adelantó el programa El Espejo Canario, de Francisco Chavanel.
Casi tres meses después de que el equipo entero de Fernando Clavijo hiciera público su patrimonio, Lorenzo, de CC-Lanzarote, no da a conocer a la relación de bienes.
Según la Dirección General de Comunicación, la consejera envió el listado a los servicios del Boletín Oficial. Todavía no se han divulgado porque otros cargos de segundo y tercer nivel también están a la espera.
Sin embargo, en este periodo de dos meses, se han conocido las diligencias 1.553/2015 que instruye el Juzgado de Instrucción Número 4 contra al menos 20 altos cargos públicos por la adjudicación de Inalsa a la empresa Canal Isabel II de Madrid por 110 millones de euros.
La denuncia contra la consejera de Turismo se libra a petición del partido Alternativa Ciudadana y, de concluirse en acusación por el Ministerio Fiscal, habría al menos cuatro aforados.
María Teresa Lorenzo como consejera de Turismo; el viceconsejero de Justicia, Manuel Fajardo; la viceconsejera de Administración Pública, Manuela Armas, y la diputada Dolores Corujo, secretaria insular del PSOE conejero y alcaldesa de San Bartolomé.
Además de Lorenzo, figuran el actual regidor del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, la ex consejera del Gobierno, Inés Rojas, y varios alcaldes, concejales y consejeros de Lanzarote de al menos dos mandatos.
Diligencias previas
El juzgado investiga, en fase de diligencias previas, si la cesión de Inalsa a Canal Isabel II se ajusta a la legalidad vigente en la enajenación de activos públicos y las implicaciones de los cargos políticos que permitieron el agujero de la entidad.
El 23 de mayo de 2013, la asamblea general del consorcio de aguas (Inalsa) acordó, en sesión extraordinaria, transferir Inalsa a la compañía Canal Isabel II, de la Comunidad de Madrid, por 110 millones de euros a cumplimentar en siete años.
La operación, ejecutada por Pedro Sanginés el 10 de junio de 2013 abrigó como obligación destinar 50 millones de euros, en el primer ejercicio, a la amortización de la deuda de Inalsa con los bancos. Sólo 20 millones se destinarían a inversión en el primer año.
Alternativa Ciudadana entiende que esa decisión es errática porque exime a los políticos y reclama el amparo judicial para que se declare nulo el procedimiento amén de la exigencia de responsabilidades legales.
El partido conejero considera que el pago de la deuda es ilegal, tal y como apuntó el informe legal del consorcio durante el proceso de traspaso.
Según El Espejo, el juez ha tomado declaración a cuatro personas en calidad de denunciadas, un estado procesal que roza la imputación (hoy investigación).
Según fuentes jurídicas, será el TSJC el que reciba a los cuatro cargos aforados.
El Juzgado de lo Mercantil impuso a los responsables políticos de Inalsa el pago de 15 millones de euros como garantía para cubrir las responsabilidades en la quiebra de Inalsa.
Inalsa arrastró hasta 2013 una deuda de 50 millones de euros; 40 millones procedían de la gestión pública y otros 10 millones más se generaron durante la administración concursal.
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