
La Sala II del Tribunal Supremo confirma la condena a 4 años de cárcel y 3 años y medio, respectivamente, para un padre y un hijo que consiguieron que se le reconociera el derecho a cobrar el paro y una indemnización por despido al falsificar contratos de trabajo y cartas de despido de una empresa en Tenerife, informa el TSJC.
Padre e hijo son condenados por delito de falsedad en documento privado en concurso con delito de estafa procesal, y deberán indemnizar al Fogasa en las cantidades que obtuvieron a cuenta de su despido simulado (8.600 euros el padre y 7.200 euros el hijo), reservándose las acciones al SEPE para obtener el reintegro del dinero que pagó como prestaciones y subsidios de desempleo. El Supremo ratifica íntegramente la sentencia de la Audiencia de Tenerife.
El padre, José Alfonso Martínez Mergal, era funcionario del cuerpo general auxiliar de la Administración del Estado, con destino desde 2008 en la Agencia Estatal Tributaria (Aduanas del Aeropuerto Sur), y desempeñaba funciones externas de asesoría para la empresa Construcciones Viproten S.L., de lo que se aprovechó para hacerse con el sello de dicha sociedad para confeccionar los documentos falsos.
Junto a su hijo, Javier Martínez Figueroa, quien había prestado en periodos no determinados, pero inferiores a un año, servicios laborales para la empresa en cuestión, elaboraron sendos contratos de trabajo entre cada uno de ellos y la mencionada empresa, plasmándose en ellos la firma del administrador único de la sociedad, quien desconocía estos hechos, no correspondiendo con la realidad.
El engaño de los acusados se descubrió con ocasión de la reclamación al Fogasa de los salarios de tramitación en virtud de insolvencia de la empresa Viproten S.L., que daría lugar al expediente administrativo. El Jefe de la Oficina del FOGASA constató el doble pago efectuado en el mismo periodo a estas personas por prestaciones por desempleo y salarios dejados de percibir, presentando denuncia ante la Fiscalía, a la vez que se denegaba el pago de los mismos (salarios de tramitación).



























