Según el Ayuntamiento de Madrid, la protesta de Madrid superó los 150.000 asistentes.

Decenas miles de ciudadanos de toda España se unieron ante los ayuntamientos de sus pueblos y ciudades para alzarse como una sola y estruendosa voz en apoyo de la ciudad autónoma de Ceuta, que desde finales de julio sufren las gravísimas consecuencias de la mayor invasión de su historia.

Más allá de las siglas políticas y a pesar de los llamamientos del PSOE a sus alcaldes para que se desvincularan de las concentraciones convocadas por la FEMP, la respuesta de los españoles fue masiva, poniendo en evidencia la más que deficitaria gestión del Gobierno y su aparente incapacidad frente a una crisis que nunca ha sido migratoria y sí el mayor órdago al que se enfrenta el Estado español. «Por Ceuta, unidos por España»; «Ceuta es España», o «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende», fueron algunas de las consignas de los manifestante, además de numerosas y duras críticas al Gobierno,

Previamente, las últimas revelaciones sobre la crisis ceutí ya habían provocado un terremoto, situando al Gobierno frente al espejo de sus contradicciones e inflamando aún más si cabe la indignación política y social. El detonante, unos informes policiales en los que ya se advertía en los días previos a la invasión de un riesgo «extremo» de flujos irregulares de inmigrantes y de la posible implicación de Marruecos en el asalto.

Según la información que trascendió, en uno de esos informes, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras a petición de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, agentes marroquíes jugaron un papel relevante en el asalto masivo sufrido por Ceuta los días 30 y 31 de julio, justo la tesis contraria a la que hasta ahora viene defendiendo a capa y espada el Gobierno, que insiste en que Marruecos es un «socio fiable».

Entre exigencias de dimisión, y no solo por parte de la oposición de derechas o de la policía, sino también por la de algunos aliados parlamentarios del Gobierno como Podemos o IU, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió explicaciones al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, sobre la existencia y «veracidad» de dicho informe.