Ceisa prepara el embarque del cemento en el Puerto de La Luz, después de que el Gobierno de Canarias prohíba la carga y descarga en el muelle de Arguineguín, tras varios años de polémica.
Cementos Especiales, coparticipada al 50% por Corporación Masaveu (España) y Votorantim Cimentos (Brasil), lleva más de seis décadas en las Islas, con distribución central en Gran Canaria.
Como consecuencia de un conjunto de plantas alojativas en el área del Pajar (San Bartolomé de Tirajana), el PSOE inició en el mandato anterior el procedimiento de revisión del uso del dique adosado a la planta cementera, cuya propiedad pertenece a Ceisa en el área de Santa Águeda.
Este miércoles, la empresa Puertos Canarios, cuyo titular es el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez (CC), aprobó rescindir el acuerdo de concesión a Ceisa del dique como suelo industrial, con el fin de revisarlo a deportivo.
La reacción de Cementos Especiales no se hizo esperar con representantes de la plantilla de trabajadores concentrados delante del edificio administrativo de la capital grancanaria de Servicios Múltiples.
Según fuentes empresariales y sindicales consultadas por este periódico, tan pronto Puertos Canarios comunique la revocación del uso, Ceisa utilizará a gran escala la terminal cementera ubicada en el muelle León y Castillo, en el Puerto de La Luz, junto a la plataforma de contenedores de Opcsa.
Desde la Autoridad Portuaria, una fuente autorizada explica que, previamente, «tendrán que negociarlo. Tan fácil no es».
Ceisa estima que serán decenas de camiones los que atraviesen cada día la autopista de Sur a Norte con el fin de garantizar el abastecimiento a la construcción de las Islas.
La cementera del Puerto de La Luz es mucho menor que la planta de Arguineguín, pero es, en estos momentos, la única vía de salida para el embarque de la materia prima empleada en las obras de construcción de Canarias.
La planta del Sur grancananario se asienta en un suelo privado del que Ceisa es la dueña. Sin embargo, el dique anejo es propiedad pública, en concreto, del Gobierno autónomo.
El rechazo a la continuidad industrial en el muelle, salió adelante con el voto a favor de 26 consejeros y cuatro abstenciones, entre ellas dos de los representantes de la Confederación Canaria de Empresarios y una de uno de los dos representantes dela Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, según fuentes del consejo, un órgano que mostró su repulsa a la carta remitida por Ceisa antes de esta convocatoria al considerarla una «presión externa» para tratar de condicionar el sentido de su voto, tal y como señaló el Ejecutivo en una nota pública.
La cementera sigue defendiendo su derecho a recibir esa concesión por 25 años para igualarla a la concesión de la cantera de San José invocando los artículos 66.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el 91.1 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante al considerar que la concesión del puerto está amparada en una actividad minera sujeta a un plazo concesional mayor, pero Puertos Canarios opina lo contrario.
Puertos Canarios considera que la fábrica, al estar en un suelo privado y fuera del dominio público del puerto «no se puede considerar como un uso industrial al no tratarse de una instalación transformadora de materia prima sometida a concesión administrativa, constituyendo una mera instalación fabril de titularidad privada»
