Caso de hemodiálisis suma ya 5 consejeros de Sanidad en Canarias.
El asunto, controvertido donde los haya tras 8 años de idas y venidas en el Gobierno canario, se cobra este martes 10 de abril, otra página más de cómo las heridas cerradas en falso con dinero público salen muy caras.
La Sala de lo Contencioso falló a favor de la empresa Lifeblood, que fue apartada del concurso de hemodiálisis en 2011 por el consejero Fernando Bañolas, hoy en el Cabildo GC en CC.
Bañolas se llenó de razones para sortear la herencia que legaba en 2010 de Mercedes Roldós, cuyo partido, el PP, abandonó con precipitación el Gobierno autónomo en el primer mandato de Paulino Rivero, casi coincidiendo con la promoción de este concurso cifrado en 124 millones de euros.
Una carta de Lifeblood al Gobierno, repeliendo las dudas que planteaba en ese contexto político el concurso en sí, es ahora en 2018 la tabla de salvación de la compañía para acceder a derechos indemnizatorios que alcanzan los 31 millones de euros si así se determinara en otra instancia judicial.
Los servicios jurídicos del Gobierno aconsejaron a Bañolas que sacara del concurso a Lifeblood porque aquella carta, en la prática, sonaba a renuncia.
Ahora el TSJC, obligado por el Tribunal Supremo a revisar el caso sobre una primera sentencia de 2015, nos recuerda que Lifeblood debió mantenerse en el concurso; es decir, su exclusión no se ajustó a Derecho.
Acabó la primera legislatura y Brígida Mendoza (CC) sustituyó a Bañolas.
Mendoza se tomó su tiempo y hubo una nueva mesa de contratación que en 2015 emitió su veredicto: el contrato de hemodiálisis en los hospitales Negrín de LPGC y Orosa de Arrecife por 105 millones.
El adjudicatario fue la empresa Avericum, cuyo administrador es el letrado Francisco Javier Artiles, abogado a su vez en el pleito ganado el Gobierno de Lifeblood.
Lifeblood siempre mantuvo su recurso contra aquella decisión (errática con el paso del tiempo) de Bañolas.
Jesús Morera (PSOE) se mantuvo alerta hasta que el TSJC falló en 2015 a su favor. Lifeblood recurrió la decisión de la Sala al Supremo, que se pronunció el pasado año forzando una segunda sentencia que ahora debe negociar, en 2018, sin comérselo ni bebérselo, José Manuel Baltar (CC).
Hay en juego 32 millones de euros porque, lo contrario, o sea retrotraer todo el concurso, es casi inviable.
¿Quiénes de los antecesores a Baltar dará la cara, desde consejeros a letrados de la Comunidad?
