Canarias tiene un problema. Bruselas pone límite a los fósiles
La generación de energía eléctrica y la industria de automoción sufrirán severas restricciones. La UE financiará la transición ecológico con un fondo de 500.000 millones
Canarias tiene un problema. Bruselas pone límite a los fósiles como ejes de la generación de energía
Bruselas pone coto a la economía de los combustibles fósiles de cara a un nuevo modelo económico impulsado por una energía limpia y una economía circular. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, marca el rumbo a la UE hacia la transición climática, el mayor desafío que afronta el bloque comunitario para los próximos años.
El Viejo Continente se ha embarcado en el ambicioso objetivo de reducir las emisiones contaminantes al menos al 55% en 2030, comparado con los niveles de 1990, en un paso intermedio hasta lograr la neutralidad climática en 2050.
Sin embargo, ese techo de reducción de gases contaminantes no se podrá cumplir en Canarias, según la evaluación de expertos consultados por este periódico.
Canarias emite CO2 a la atmósfera para producir energía eléctrica. Las centrales se construyeron a principio de los años 90 con el formato del ciclo combinado, susceptible de operar con gas.
Las disputas políticas de los nacionalistas (CC y Nueva Canarias) impidieron la entrada del gas, tanto por tierra como por mar. Canarias tampoco ha desarrollado la obtención de fuentes de energía eólica o solar, de manera que más del 90% de la luz se produce con la quema exclusiva de fuel-oil, o sea, derivados fósiles.
La energía eléctrica es responsable de más de un tercio del efecto invernadero que afecta al cambio climático. El resto de los porcentajes corresponden al transporte viario por carretera y a los sectores marítimos y aéreos.
Para el principal operador, Endesa-Enel, la imposibilidad de alternar sus combustibles es una pesadilla, ya que el caso de Canarias le supone un problema reputacional en las auditorías verdes en Europa. Por territorios, Canarias es la comunidad más contaminante de la UE.
La eléctrica, que ha demostrado en el tiempo su deseo de diversificar las fuentes de energía, se ha encontrado a menudo con el bloqueo de la Administración regional tanto en la promoción de un sistema sostenible como en la renovación de los equipos de generación.
Meta europea
Para cumplir esta meta, que ya no es sólo una aspiración política sino que es una obligación legal pues está reflejada en la Ley del Clima que hace unas semanas aprobó el Parlamento Europeo, la Comisión considera clave atajar de manera prioritaria la contaminación en el transporte por carretera, el único en la que las emisiones han continuado creciendo en vez de reducirse.
La propuesta de la Comisión ha fijado un camino hacia una movilidad sin emisiones en el que pondrá fin a la venta de coches de combustión en 2035, con una parada intermedia en 2030, fecha en la que los vehículos nuevos deberán haber reducido las emisiones dañinas con el medio ambiente en un 55%, en comparación con los niveles de 2021.
La meta no convence a la patronal del motor europea ACEA, que representa a los principales fabricantes como Volkswagen, Stellantis, BMW o Daimler, pues considera que tal transformación de la industria del automóvil “requerirá de una gestión cuidadosa para minimizar el impacto en nuestra economía y empleos“.
El impulso a una movilidad verde de la Comisión vendrá acompañado por un plan de choque para aumentar el número de puntos de recarga disponibles, tanto eléctrica como de hidrógeno, en las principales autopistas. Así, para 2035, propone que cada 60 kilómetros para la carga eléctrica y cada 150 kilómetros para el repostaje de hidrógeno.
Fiscalidad energética
El potente paquete de nueva regulación también introduce nuevas tasas, con la revisión radical de la directiva sobre fiscalidad energética que elevará la carga fiscal a los combustibles fósiles, como la gasolina o el diésel, mientras que se permitirá reducir los tipos mínimos sólo a las fuentes de energía limpias. Además, la nueva fiscalidad también gravará por primera vez el queroseno, una penalización que impactará en el sector de la aviación.
Otra nueva carga fiscal que ha diseñado la UE es el Ajuste del Carbono en frontera (CBAM, por su siglas en inglés). Esta nueva tasa se impondrá sobre los bienes que la UE importe de países terceros penalizando su huella del carbono. El nuevo instrumento, que se introducirá en una primera fase en cinco sectores (cemento, acero, aluminio, fertilizantes y electricidad), fijará un precio de carbono a las importaciones para evitar una pérdida de competitividad en el mercado interior de la industria europea, que se encontrará en pleno proceso de descarbonización.
En 2026 los importadores deberán declarar la huella de carbono en sus bienes.
El lote de medidas también incluye una reforma radical del sistema de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS), un mecanismo que hace que las compañías paguen los costes de contaminar y que desde hace dieciséis años ya está presente en el sector energético. Este sistema ahora será más amplio, con la inclusión del transporte marítimo, el transporte por carretera y la calefacción de edificios que, en el caso de estos dos últimos, tendrán su propio mercado ETS.
La vicepresidenta española de Transición Ecologica, Teresa Ribera, dio la bienvenida al paquete de medidas, aunque pidió “medir muy bien” la ampliación de este mercado de emisiones para “evitar efectos indeseados“.
La transición verde es el gran objetivo de la UE para los próximos años. Bruselas calcula que más de un tercio de los fondos del Fondo de Recuperación Next Generation, junto con el marco presupuestario, se destinarán a proyectos ecológicos y sostenibles. Es decir, 500.000 millones de euros para impulsar la transición ecológica de un continente que aspira a liderar al mundo en la lucha contra el cambio climático.
