Canarias replica a Bruselas que los puertos isleños están «arropados» en el REF y, por tanto, «gozan de derechos para quedarse al margen» de la regulación sobre el Impuesto sobre Sociedades que pretende Europa, tanto en España como en Italia, según expertos consultados por Espiral21.
Puertos cuestiona que el sistema tributario que aplica España en sus puertos les concede «una ventaja selectiva que puede vulnerar las normas de la UE sobre ayudas estatales» y reclamado que aplique el Impuesto de Sociedades a los puertos, un supuesto que abriría la puerta al aumento de tasas, según las mismas fuentes.
«Con el fin de garantizar una competencia leal en toda la UE, los puertos que generan beneficios a partir de sus actividades económicas deben tributar de la misma forma que otros operadores económicos, ni más ni menos«, defiende la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
La comisaria subrayó en una nota de prensa que «los puertos son infraestructuras clave para el crecimiento económico y el desarrollo regional«, motivo por el cual las normas europeas «permiten un amplio margen para que los Estados miembros apoyen a los puertos e inviertan en ellos«.
Bruselas exige a España y a Italia que garanticen que a partir del 1 de enero de 2020 sus puertos contribuyan al impuesto de sociedades igual que el resto de empresas y les ha dado dos meses para modificar sus normativas para ello.
Bruselas no recoge excepciones a zonas como Canarias, consideradas regiones ultraperiféricas en el Tratado de la UE.
Tampoco articula medidas compensatorias como el respaldo a las ayudas de Estado del REF.
Las principales fuentes de ingresos de los puertos en España como las tasas portuarias o los ingresos obtenidos por contratos de arrendamiento o concesión están exentos del impuesto de sociedades en España, mientras que en el País Vasco, al igual que en Italia, los puertos están totalmente exentos del impuesto.
Así y todo, si no se aceptan sus propuestas, la Comisión no descarta iniciar una investigación en profundidad para «verificar» la compatibilidad de las ayudas fiscales y reclamar el fin de las ayudas si constata que distorsionan la competencia en el mercado único.
En los puertos canarios la advertencia de Bruselas es calificada de «normal«.
Tras la simplificación en 2017 de las normas sobre inversiones públicas en puertos, los Gobiernos europeos pueden invertir hasta 150 millones de euros en puertos marítimos y hasta 50 millones en puertos interiores sin necesidad de notificar las ayudas públicas a Bruselas.
Los Gobiernos europeos pueden asumir el coste de operaciones como el dragado y compensar a los puertos por el coste de asumir funciones de servicio público, en virtud de las normas europeas.
