Canarias depositará su basura en la Península con subvenciones
La nueva ley de residuos publicada en el BOE recoge la financiación pública de elegir basureros entre islas cuando sea imposible valorizar o reciclar. La normativa prevé impuestos a la incineración y reformas en la recogida por separada de los desechos
Las basuras que se depositen en la Península o que se trasladen entre Islas contarán con subvenciones del Estado, según la disposición adicional tercera de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, publicada este sábado, 9 de abril de 2022, en el Boletín Oficial (BOE).
La Ley es una transposición de las directivas europeas con el fin de reducir los niveles de contaminación medioambiental y fomentar la actividad económica vinculada a los residuos.
España es uno de los países que están a la cola de Europa en materia de control y reciclaje de basuras, de ahí que el Ministerio de Transición Ecológica haya impulsado la aprobación de la Ley, con el objetivo puesto en las costas y las aguas. Según la Ley, el 76% de los residuos que arrojan las playas es de plástico.
La Ley se estructura en 156 folios a lo largo de 9 títulos, e incluye una disposición para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
BOE, 9 de abril de 2022, disposición tercera de la Ley de Residuos.
La regulación jurídica de los desechos reconoce medidas para financiar el coste adicional que implica valorizar los residuos generados en las Islas, sobre todo, si no han podido superar el proceso de reciclaje.
La Ley abre la posibilidad de que los residuos no valorizados in situ sean transportados por mar a la Península e, incluso, abre la puerta para que algunas de las Islas sea el destino de basuras promovidas en algunas de las dos provincias canarias.
Eso sí, advierte de que la financiación está subordinada a los programas de prevención y planes de gestión de residuos vigentes, que “demuestren medidas para minimizar la cantidad objeto de transportes“.
En este sentido, el portavoz popular en el Cabildo GC, Marco Aurelio Pérez, considera que “la gestión de los residuos es uno de los retos más importantes que tiene Gran Canaria a corto y medio plazo, y si el gobierno insular no afronta con urgencia este problema la Isla está abocada al colapso por la colmatación tanto de Salto del Negro como de Juan Grande”, según declaró en marzo de 2022.
Por otro lado, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, anunció en julio de 2020 (en plena pandemia de Covid), durante la presentación del Plan Insular de Residuos de Canarias Pircan 2020-2026, que Canarias se convertiría en la primera comunidad autónoma que no contempla la instalación de incineradoras.
El deseo de Valbuena choca, a priori, con parte del espíritu de la Ley, sobre todo, porque las incineradores forman parte del proceso de reciclaje previsto por el Estado.
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, dialoga con la presidenta de Red Eléctrica, en Infecar, el 18 de febrero de 2022. (Foto E21).
España, lejos de la UE
El Ministerio de Teresa Ribera prevé un impuesto al depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración, aplicable a razón de la jerarquía de basura que sea imposible introducir en la economía circular.
España sigue lejos del objetivo comunitario de reciclado (el 50% en 2020), y aún más de las metas que se han incorporado en fechas recientes: 55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035, hasta alcanzar el objetivo de vertido máximo del 10% en 2035.
La norma da un papel protagonista a las medidas de prevención en la política de residuos, mediante la inclusión de objetivos concretos y cuantificables: reducción del peso de los residuos producidos de un 13% en 2025 y de un 15% en 2025 respecto a los generados en 2010.
En el caso canario, el gabinete de Ángel Víctor Torres estima que el Pircan disminuya en un 10% la generación de residuos per cápita en Canarias en 2026, con un 55% de reciclaje efectivo de residuos domésticos y asimilables (municipales) en 2025, o recuperar un 70% de los envases generados en las islas en el año 2030.
Asimismo, la ley prevé que desde 2023 los comercios minoristas de alimentación con una superficie de más de 400 metros destinen el 20% de su superficie a productos sin embalaje primario, por ejemplo, mediante la venta a granel o el uso de envases reutilizables. También se establece la prohibición de destrucción o la eliminación de excedentes no vendidos de productos no perecederos.
Además, se establecen nuevas recogidas separadas (obligatorias) para nuevos flujos de residuos: biorresiduos, textiles, domésticos peligrosos, aceites de cocina usados y voluminosos para su posterior tratamiento diferenciado, bien mediante preparación para la reutilización o mediante el reciclado de calidad, prologando así la vida útil de productos o recuperando materiales para la economía, respectivamente.
En las recogidas disgregadas ya existentes para el papel, los metales, el plástico y el vidrio, la nueva ley introduce un calendario de implantación de esas recogidas separadas de residuos para su preparación, reutilización, reciclado y valorización. Así, los biorresiduos de origen doméstico deberán recogerse separadamente a partir de julio de 2022 en las entidades locales con población superior a cinco mil habitantes; y a partir de enero de 2024 para el resto de las entidades locales. En el caso de residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos, su recogida separada deberá estar implantada a partir de 2025.
Entre las novedades de la nueva normativa también la revisión del régimen sancionador, que incluye nuevas infracciones, como el abandono de basura dispersa (littering) o la quema no autorizada de residuos agrarios y silvícolas, y el no establecimiento de recogidas separadas.
