Concurso del millón: ardid para consultoras
Canarias usa una ardid legal para beneficiar a las consultoras canarias en el concurso del millón de euros que adjudicará en el mes de mayo con el fin de diagnosticar la economía canaria en el exterior.
Según el pliego de condiciones técnicas, publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado, por el viceconsejero de la Presidencia, José Miguel Barragán, las empresas canarias dedicadas a la consultoría quedarían fuera del procedimiento como consecuencia de las elevadas exigencias, pero en los permisos colaterales, el Gobierno autoriza la subcontratación del 60% del presupuesto.
Barragán impone una facturación mínima de 127.000 euros, 80 oficinas en cuatro continentes y un director de proyectos con cinco años de experiencia y que ejerza como socio de la firma adjudicataria, al que además se le pide acreditar tres idiomas y haber trabajado en 8 países de tres continentes.
Según fuentes del sector de consultorías, esos requisitos solo lo cumplen compañías Deloitte, PWC, KPMG o E&Y. “El resto nos quedamos fuera incluso creando una ute“.
El director del proyecto podrá apoyarse en más ejecutivos, siempre que pertenezcan a la compañía en calidad de socios y tengan conocimientos del REF canario y del mercado isleño.
El concurso, uno de los más voluminosos de la autonomía, sirve para diagnosticar el potencial comercial de Canarias en todos los sectores económicos.
Portavoces de Podemos en el Parlamento cuestionaron a Meridian la eficacia del gasto. “Nos preguntamos qué han hecho empresas como Proexca o Sofesa, aunque ahora estén unificadas, durante todos estos años. Tampoco sabemos por qué Sodecan o el ITC no han sido capaces de identificar mercados, socios, estrategias…“.
Podemos, por ahora, no ha interpelado al Gobierno exigiendo el listado de misiones comerciales o consultorías ejecutadas y contratadas por Proexca en esta última década, aunque “no descartamos que se formalice próximamente“.
Como las consultoras canarias, como Edei, Mba, Codexca, Trama o Corporación 5, no llegan a los límites fijados en el concurso, Barragán ha tirado mano del máximo que permite la legislación para garantizar las subcontrataciones.
Hasta el 60% del millón de euros podrá externalizarse, de manera que el reparto de fondos públicos entre firmas especializadas está cubierto, siempre que acepte la empresa adjudicataria en negociaciones posteriores con el Gobierno.
El Ejecutivo, por ahora, prefiere no opinar para garantizar la transparencia del concurso.
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