Boluda advirtió en 2019 de los riesgos jurídicos de remolcadores
En varios encuentros con participación de altos cargos de la Autoridad Portuaria, hubo llamamientos a las obligaciones de Fairplay en materia de seguridad marítima. Abogacía del Estado y el Área Jurídica pudieron ocultar el informe de Marina Mercante al consejo del Puerto
Boluda Corporación Marítima advirtió en 2019 de los riesgos jurídicos que se avecinaban con el procedimiento administrativo de los remolcadores en beneficio de la empresa alemana Fairplay.
En varios encuentros con el ex presidente Juan José Cardona (PP), y la participación de altos cargos de la Autoridad Portuaria, hubo llamamientos a la obligatoriedad de que el nuevo operador se sujetara a la normativa en vigor relacionada con medidas de seguridad, sobre todo, en materia de potencia y prevención de incendios.
El presagio de Boluda se ha cumplido un año después merced a la querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas, que imputa al ex presidente de Puertos del Estado (PP), José Llorca, por presuntos delitos de prevaricación, malversación e infidelidad en la custodia de documentos públicos.
En la querella, el juez Alberto Puebla investigará a los titulares de áreas como Explotación, además de abogados del Estado. El ex director en Las Palmas, Salvador Capella, también figura en la lista de imputados junto a otro técnicos de relieve.
Y es que Capella, un día antes de que el actual presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra (PSOE), tomara posesión en verano de 2019, firmó una primera licencia de operaciones a favor de Odiel Towage, filial de Fairplay.
Pero tras un vaivén de trámites ante el consejo de administración que duró meses, el Puerto aprobó en mayo de 2020 un pliego de condiciones para regular la actividad de los remolcadores adaptada a las nuevas exigencias del mercado y del negocio portuario.
Ahora, a Fairplay le queda poco margen para cumplimentar el plazo otorgado por la Autoridad Portuaria, hasta disponer de 9 buques en la provincia, de los que 2 se deben corresponder con Arrecife y Puerto del Rosario. Pero en medio del enredo para la compañía germana, ha saltado la acción penal de Boluda que ha corrido como la pólvora, primero en los pasillos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y después en los despachos en Madrid de Llorca y sus técnicos de confianza.
José Luis Ábalos, ministro.
José Llorca sigue ejerciendo como ingeniero en el Estado, pero la admisión a trámite de la querella ha encendido la alarma en el ministro José Ábalos, responsable político de los puertos españoles.
En Las Palmas, además, los directivos de la casa (nombre asignado a las oficinas centrales) se guardan de mostrar cualquier vínculo con el expediente de Fairplay. La difusión del contenido de la querella (pendiente de transmitir a las partes) y la instrucción del caso, apuntan a una ampliación de la lista de investigados más allá de los 6 que figuran en las preliminares, entre los que ya se encuentran 3 altos cargos de Las Palmas que pudieron participar en las reuniones de 2019 donde Boluda advertía de las consecuencias jurídicas.
El nudo gordiano en el que se basa Boluda, merced a un recurso ganado en diciembre de 2019, gira en torno a algo tan elemental como el informe vinculante de seguridad de la Dirección General de la Marina Mercante, que resultaba contrario a la tesis de Puertos del Estado para dar entrada a Odiel, por lo que, según la querella, Llorca pudo retener el expediente durante más de un año, para así ralentizar la tramitación e influir, presuntamente, el resultado de la asignación.
Ignorar el informe de Marina Mercante, que alertaba sobre el incumplimientos de los requisitos de seguridad en la navegación, salpica a parte de los cuadros técnicos de Las Palmas, ya que incluso no se alertó, por la vía jurídica, ni a los miembros del consejo de administración cuando en marzo de 2020 debían debatir la concesión de la licencia, y que fue demorada por una alegación in exrremis de la patronal española Anare.
Y fue en ese consejo de marzo cuando la Abogacía del Estado en Las Palmas y el departamento de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria entendieron que los argumentos esgrimidos por Anare en sus alegaciones no resultaban suficientes como para paralizar el expediente.
Días después (la semana que iba del 8 al 13 de marzo), Fairplay logró la autorización a la misma vez que Ibarra anunciaba la inminente regulación de la actividad.
El 14 de mayo de 2020, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el pliego de condiciones que obliga a Fairplay a actuar en Lanzarote y Fuerteventura, y el 20 de de agosto, el Juzgado admite a trámite la querella contra Llorca y 5 altos cargos en uno de los casos judiciales más sonados de la historia institucional del Puerto de Las Palmas, superior a La Gran Marina, La Esfinge o la ampliación del dique Reina Sofía.
