Bloqueo a los contratos del Next-Generation
Una trama de intereses anclada en el sector público es capaz de bloquear a las dos superministras Calviño y Montero. Y lo saben
El Gobierno regional utilizó la riada de fondos europeos (Next-Generation) para ampliar la plantilla de trabajadores públicos.
Más de 40.000 personas tramitaron la solicitud en 2021, tras el parón pandémico, las deslocalizaciones laborales y la jubilación de personal de rango superior.
Sin embargo, poco o nada se sabe con certeza sobre el futuro de ese plan laboral anunciado por el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez.
Si acaso trascendió que el volumen de peticionarios desbordó las previsiones. De forma automática, el sistema se autodepuró lanzando a los sindicatos con amenazas legales si se iniciaban las contrataciones.
Sea por endogamia o por complejidad presupuestaria (difícil con unas cuentas de 10.000 millones de euros para 2023), la Administración adelagaza que es una barbaridad y programas de envergadura como las ayudas europeas corren serios riesgos.
En el fondo del escenario cuelga una tela de araña tan tenebrosa como lúgubre para una sociedad que busca la excelencia.
La plataforma informática para el desarrollo del Next-Generation está empantanada en la cúspide del Ministerio de Economía y de esa percha cuelgan las comunidades autónomas.
El retraso dura ya año y medio hasta el punto (alarmante) de que junto a la dimisión de la directora general del Plan, Rocío Frutos, se une ahora la del subdirector, Javier Simón.
Consciente de los riesgos ante la autoridad europea, el propio Pedro Sánchez encargó el diseño a la titular de Hacienda, pero ni por esas.
Madrid ha gastado 800.000 euros en un programa denominado Coffee, pero tampoco ha funcionado.
El choque es frontal y casi nadie quiere elevar la voz, pero cuesta pensar que la desidia responda a una fricción entre Nadia Calviño y María Jesús Montero. Resulta inverosímil. En el subsuelo, el lío es más serio. Una trama de intereses anclada en el sector público es capaz de bloquear a las dos superministras. Como decimos en Canarias, les han cogido la camella. Y lo saben.
Hace una semana, The Wall Sreet Journal destapó uno de los mayores escándalos de corrupción que afectaba a funcionarios americanos. Al menos 12.000 llevaban años moviendo fortunas en Bolsa gracias a la información privilegiada sobre empresas que negociaban permisos de inversiones con las agencias oficiales.
Solo un dato: España esperaba mover 2.500 millones de euros de los Next-Generation.
