BBVA obligado a aplazar tres años la fusión con Sabadell.
El Gobierno ha acordado endurecer las condiciones de la opa hostil lanzada por BBVA sobre Sabadell. El Consejo de Ministros ha fijado requisitos adicionales a los compromisos ya establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la operación, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en rueda de prensa.
El Gobierno ha autorizado la operación de concentración, sujeta a que las dos entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separado durante tres años, así como una gestión autónoma.
La «autonomía» se deberá concretar, al menos, en el mantenimiento de una gestión y toma de decisión independiente en relación con las decisiones que afecten a la política de financiación y crédito, en particular a pymes; recursos humanos; red de oficinas y servicios bancarios; y obra social a través de sus respectivas fundaciones.
A este respecto, Cuerpo ha indicado que se espera una «continuidad» en las políticas de Recursos Humanos que han venido aplicando las entidades, por lo que no podrá ejecutarse ningún «proceso específico» de ajuste de empleo ligado a la operación, ni que afecte a la red de oficinas.
BBVA sí podrá cesar a todo el consejo de administración de Sabadell, pero sus consejeros, según ha dicho Cuerpo, deberán actuar en el mejor interés de Sabadell y dando continuidad a las actuales políticas de Recursos Humanos.
Cuerpo ha concretado que el Ejecutivo se reserva la potestad de aumentar el periodo de separación de las dos entidades hasta cinco años.
«Para ello, entre seis y dos meses antes de que venza [el periodo de tres años], BBVA y Banco Sabadell deberán elaborar un Informe de situación del modelo de gestión autónoma y un Plan estructural a largo plazo en el que se detalle en qué medida su estrategia corporativa afectará, en los cinco ejercicios siguientes, a los criterios de interés general identificados», ha indicado Economía.
«La existencia de múltiples intereses generales afectados, y la propia escala de la operación, aconseja evitar la imposición de condiciones parciales que pretendan proteger cada uno de ellos de manera aislada, cuyos resultados serían difíciles de predecir. Se ha optado, por lo tanto, por un enfoque finalista, en el que se obligue a la protección de todos y cada uno de los distintos intereses a garantizar identificados, mediante la introducción de una condición única, que favorezca una transición ordenada, contribuya a preservar estos intangibles y, con ello, el interés general afectado», ha argumentado el Ejecutivo.
Cuerpo ha afirmado que la decisión se ha adoptado para proteger criterios de interés general, «en línea con nuestro marco normativo y ordenamiento jurídico». Ha aludido a este respecto la financiación a pymes, la protección del empleo y la cohesión territorial, así como la política social y la promoción de la I+D tecnológica.
BBVA analizará ahora detenidamente las condiciones impuestas por el Gobierno. La ley le da la posibilidad de suspender la opa si considera que las exigencias comprometen la rentabilidad de la adquisición. Según la oferta presentada hace un año, el retorno de esta compra sobre la inversión será del 20%.
