ARGELIA SUSPENDE LA COOPERACIÓN CON ESPAÑA POR EL SÁHARA
El Gobierno argelino congela el tratado de buena amistad tras la insistencia de Pedro Sánchez en apuntar a la futurible marroquinización de la ex provincia española situada frente a Canarias
Argelia suspende el tratado de amistad y cooperación con España por el conflicto del Sáhara Occidental.
El Gobierno argelino canceló de forma inmediata el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que tenía con España desde el 8 de octubre de 2002. La reacción del Ejecutivo no se ha hecho esperar y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han lanzado un comunicado en el que aseguran que el Gobierno “lamenta” esta decisión de Argelia y reafirman su compromiso con el tratado.
El Tratado se firmó como prueba de “los estrechos lazos históricos y culturales existentes entre sus pueblos y la proximidad geográfica que les une en la región estratégica del Mediterráneo”.
Sin embargo, Argel argumenta que “las autoridades españolas han emprendido una campaña para justificar la posición que han adoptado sobre El Sáhara Occidental pese a constituir una violación de sus obligaciones legales, morales y políticas como poder administrador del territorio que pesan sobre el Reino de España”, según declaró la presidencia de la República.
Argelia considera “injustificable” el cambio de posición de España, que el 18 de marzo respaldó la propuesta marroquí de autonomía sobre la colonia española.
El Gobierno, por su parte, ha reafirmado su compromiso con el acuerdo con Argelia, según han detallado un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores: “El Gobierno de España reafirma su compromiso pleno con el contenido del Tratado y los principios que lo informan, reflejados en su preámbulo y en particular la adhesión estricta a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a los principios del Derecho Internacional como elementos fundamentales para el mantenimiento de la paz, la seguridad y la justicia en la sociedad internacional, en particular los principios de igualdad soberana de los Estados, de no injerencia en los asuntos internos y del respeto del derecho inalienable de los pueblos a disponer de ellos mismos”.
“El Gobierno de España considera a Argelia un país vecino y amigo y reitera su plena disponibilidad para seguir manteniendo y desarrollando las especiales relaciones de cooperación entre los dos países, en beneficio de ambos pueblos”, concluye el comunicado.
El ministro José Manuel Albares compareció ante los medios para expresarse en la misma línea que el texto emitido: “Reiteramos y reitero nuestra voluntad de tener las mejores relaciones con Argelia, como con todos los países vecinos, basadas en la cooperación. Además, también reiteramos nuestra adhesión a todo el texto de ese Tratado”.
Respecto a posibles represalias en el futuro, Albares ha reivindicado al país como vecino como un “socio fiable”: “El gobierno argelino es conocido por se un socio y un administrador de gas fiable y se han dado garantías al máximo nivel, por lo que nada indica que vaya a ser de otra manera”.
También ha declarado que, si lo considera necesario el Congreso de los Diputados, dará las pertinentes explicaciones: “No tengo problema en comparecer en el Congreso, si así lo estiman los grupos”.
La reacción de argelino no se hizo esperar después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificara la futurible marroquinización del Sáhara. “España no se ha desentendido de la causa del pueblo saharaui. Al contrario, hemos situado el debate donde creemos que debe estar: en la búsqueda activa de una solución política, mutuamente aceptable, dentro del marco de Naciones Unidas”, dijo en la tribuna del Congreso.
Sánchez se ha referido al nuevo acuerdo con Marruecos en el que “hemos asumido un discurso de respeto mutuo” en el que “vamos a evitar todo aquello que ofende al otro”.
El Frente Polisario cree que la ruptura de este tratado “responde de forma adecuada a la decisión del Gobierno español de posicionarse del lado marroquí” en relación al conflicto con el Sáhara.
Además, recuerdan que “es contario al derecho y la legalidad internacional” y es una decisión que afecta “a todo el norte de África”, no solo a Marruecos, ya que a su juicio “incrementa las tensiones entre las regiones de la zona y desestabiliza las relaciones entre estos estados”.