Tormenta política: Alberto Rodríguez cae y Batet, denunciada
Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife, deja el escaño del Congreso de los Diputados, pero su partido denuncia a la socialista Batet por prevaricación, abriendo una crisis sin precedentes en el Gobierno de Pedro Sánchez.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comunicó a Alberto Rodríguez la pérdida de su escaño, tal como le ha requerido el último oficio enviado por el Tribunal Supremo.
En un comunicado, Batet dio traslado a la junta electoral a los efectos de su sustitución, y a la Secretaría General del Congreso.
El Supremo condenó a Rodríguez por un delito de atentado a un agente de la autoridad a una pena de un mes y medio de prisión, sustituida en el fallo por una multa de 540 euros, y otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.
Precisamente esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción –que además el diputado condenado ya ha pagado– es lo que esgrimieron los letrados del Congreso en el informe que redactaron sobre este caso, donde concluían que la sentencia del Supremo no debía tener efectos extra penales.
Los servicios jurídicos argumentaban que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que el diputado ‘morado‘ perdiera el escaño, no llegó “a nacer en ningún momento” al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.
Mientras que el PP y Vox insistían en que no hacían falta más aclaraciones, los representantes del PSOE y Unidas Podemos se posicionaron a favor de solicitar detalles al Alto Tribunal, decisión que finalmente acabó adoptado Batet al término de la reunión de la Mesa, dado que es ella era la competente para dar respuesta al oficio.
La contestación a esa solicitud tardó apenas unas horas. Este mismo viernes, el magistrado Manuel Marchena respondía a Batet que descartaba cualquier error en la sentencia, que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria “obligada” y que el Supremo no está para asesorar a otros órganos del Estado.
La tormenta política que asuela al Gobierno no se ha hecho esperar, hasta el punto que ha salpicado al Tribunal Supremo con acusaciones de la formación que lidera la ministra Ione Belarra.
Unidas Podemos acusa al Supremo de no reportar pruebas sobre el incidente con la Policía Local, una sospecha que el Consejo General del Poder Judicial ha calificado de inaceptable.
El presidente del Gobierno prevé visitar este sábado La Palma para evaluar los daños del volcán.
