Absolución plena para UGT Canarias en Fundescan, un caso que se instruyó para dilucidar el destino de subvenciones a la formación y que ha quedado resuelto de forma favorable para los procesados, casi una veintena de años más tarde.
La Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas declara libre de responsabilidad a los altos cargos del sindicato ugetista tras unas dos décadas de acción judicial.
La defensa letrada y los encausados, ya absueltos, celebran el fallo absolutorio «tras años y años de calvario y desasosiego».
Entre los dirigentes de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Canarias, que va de los años 2006 y 2008, se encuentran, exentos de responsabilidad alguna según la sentencia, los ex secretarios regionales Alicia Rodríguez y Carlos Ucha, dos protagonistas claves en la lucha de clases y defensa del empleo estable durante los años posteriores a la Transición y la llegada al poder en los ochenta del PSOE, con Felipe González o Nicolás Redondo.
En total, la Audiencia juzgó a 14 personas, la mayoría pertenecientes a las ejecutivas del sindicato socialista. Entre los cargos absueltos figura también el entonces gerente de Fundescan (Fundación para el Desarrollo Social de Canarias), José Montesdeoca, otro profesional del ámbito de la izquierda sensibilizado con las raíces del desempleo, que en aquellos años afectaba a más de un tercio de la población, y donde la formación se transformó en un vehículo de empuje y garantía laboral.
Los noventa se convirtieron en años de confrontación sindical y política en las Islas, con altas cuotas de paro, inflación y sueldos bajos. El Gobierno socialista de Jerónimo Saavedra (q.e.p.d.), fichó en 1991 como consejero de Trabajo a Blas Trujillo, secretario de Relaciones Institucionales de UGT. Saavedra estaba convencido de las ventajas de una paz social promoviendo la participación de UGT y Comisiones Obreras en las mesas de negociación con los empresarios, y así se lo trasladó a su socio de gobierno, Manuel Hermoso (ATI).
Trujillo impulsó el diálogo sindical y sentó las bases del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem), pero en 1993 hubo una moción de censura que convirtió a Hermoso en presidente. Los frutos de aquél reencuentro con los sindicatos influyeron en el nacimiento de Coalición Canaria; hasta hoy. Francisco Rodríguez Batllori (q.e.p.d.) tomó el testigo de su antecesor como consejero de Trabajo bajo un paraguas de acuerdos sociales.
Los sindicatos empezaron a compaginar el discurso ideológico con una cartera de servicios cada vez más profesionalizada, de manera que resultaba fácil diferenciar las dos alas de la organización: territorio (más político) y federaciones (más acción sindical).
Les empezó a ir bien. UGT y CCOO ganaron en confianza y credibilidad, tanta que CC animó al SOC, Canc y Stec a crear, en esos años, Intersindical Canaria, de corte más nacionalista. Pero su suelo apenas creció y las dos grandes centrales dominaban el paisanaje sindical.
UGT, alentada por el PSOE a nivel nacional, experimentó con la promoción de viviendas sociales, pero resultó un fracaso. El siguiente paso fue introducirse de lleno en la formación a parados y ocupados. Se integró, junto a CCOO, en el consejo de administración del Icfem (hoy Servicio Canario de Empleo), y a punto estuvieron de llevarse un susto tras una causa judicial que afectó a la dirección del ente durante varios mandatos, con la peculiaridad de que todos los imputados no solo quedaron absueltos, sino que habían pertenecido al Partido Comunista.
Casi a la misma vez que se instruía el caso Icfem, un grupo de trabajadores de los cursos de formación y dos firmas de proveedores informáticos, denunció en el juzgado a Fundescan y a UGT por presuntos impagos. La causa creció de la noche a la mañana hasta transformarse en una acusación, ejercida también desde la Administración autonómica, por fraude en las subvenciones y estafas.
En realidad, todo empezó con una denuncia anónima atribuida a un funcionario del Icfem, del que jamás trascendió su identidad. El Juzgado número 4 de Las Palmas investigó a los miembros del patronato de Fundescan, que también pertenecían a UGT, y que, presuntamente, utilizaban subvenciones para cursos con otros fines, como pagar las deudas económicas del propio sindicato, que en ese contexto había afrontado el lío de las viviendas (PSV), y que provocó la renuncia al histórico Nicolás Redondo. El sindicato había subcontratado hasta más del 90% de las acciones formativas con Fundescan.
UGT devolvió parte de las subvenciones con riesgo de justificación (en torno a medio millón de euros) durante el mandato de Gustavo Santana, hoy diputado regional por el PSOE. A lo largo del procedimiento, el sindicato satisfizo las deudas que aún mantenía con los profesionales querellantes.
Las penas solicitadas iban de cuatro a seis años de prisión y multas por valor de hasta 2,8 millones de euros. La Audiencia entiende que no ha habido delito alguno y absuelve a la totalidad de los procesados.
Los magistrados, en uno de los pasajes del fallo, exponen: «No se declara probado que ninguna/o de los acusados bien sea en su condición de integrantes de la comisión ejecutiva de UGT-Canarias, bien sea en su condición de miembros del patronato de Fundescan, bien en su condición de gerente de Fundescan, dieran órdenes o instrucciones para que en la justificación de los cursos de formación (…) de las convocatorias de 2006 a 2009, se incluyeran gastos indirectos de apoyo que no se habían devengados. En todos los convenios se hace constar la existencia de una comisión de seguimiento compuesta por seis miembros, tres del Servicio Canario de Empleo y tres de la entidad beneficiaria«.
