Universidad premia al profesor confeso de un delito sin esperar al fallo judicial
El rector Rafael Robaina impone al decano de Economía Juan Manuel Benítez como miembro del Consejo Social en la misma sesión que denuncia 2 posibles malversaciones en el Campus
Universidad de Las Palmas GC premia al profesor confeso de la comisión de un delito penal contra la Ley de Extranjería, sin esperar al fallo judicial.
El rector Rafael Robaina impone como miembro del Consejo Social de la Universidad al decano de Economía, Juan Manuel Benítez, pocos días después de que éste confesara ser autor autor material de un contrato laboral firmado en 2015 con la fundación del ex político José Carlos Mauricio, que iba contra los preceptos de la Ley de Extranjería.
El presunto delito acaba de ser juzgado en Las Palmas, en julio de 2018, al probar el Ministerio Público de que se trató de contrato simulado con el único objetivo de conseguir un permiso de residencia para una mujer de nacionalidad cubana, vinculada sentimentalmente a Benítez.
La Justicia está pendiente de emitir el veredicto.
El rector apenas se entretuvo para acelerar la “limpieza de imagen del decano“, según fuentes sindicales de la Universidad consultadas por Espiral21.
El nombramiento de Benítez se materializó a los pocos días de la celebración del juicio.
Este periódico confirmó en el seno del Consejo Social que la designación de Benítez se votó a petición del rector sin que se registraran votos en contra.
El Consejo Social es el órgano supervisor de la Universidad de Las Palmas.
El artículo 63 de los Estatutos de la Universidad apunta la posible incompatibilidad de Benítez para acceder al cargo, al referir que los miembros del Consejo Social deben ejercer su cargo como “elementos de interrelación” con la sociedad, circunstancia que no se daría en Benítez si recibe la condena judicial.
Las mismas fuentes sindicales consideran que hubo llamadas al rector para que pospusiera el nombramiento de Benítez hasta conocer la sentencia.
Un portavoz oficial de la Universidad señaló a este periódico que el rector valoró los méritos académicos e investigadores de Juan Manuel Benítez y que “todo se debe a un tropiezo sin mayor trascedencia para los intereses de la Universidad“.
Sin embargo, a la misma vez que la Universidad premiaba a Benítez, el Consejo Social remitía a la Fiscalía 2 posibles malversaciones de fondos públicos.
El primer expediente afecta al Instituto Confucio, especializado en impartir la enseñanza del chino, por un presunto delito contra la ley de extranjería, ya que los usuarios de las residencias universitarias son profesores asiáticos que no han acatado los procedimientos administrativos.
El segundo dossier que analizará la Fiscalía tiene que ver con un programa europeo de ayuda a la vecindad del que la Universidad apenas informa.
Previsiblemente se trata de un MAC o Interreg firmado con Marruecos que la Universidad incorpora como fuente de financiación.
