Un odio patriarcal que debe sancionarse
El obispo José Mazuelos, médico de formación, ya no podrá levantar la mancha que supone que uno de sus sacerdotes justifique un caso de asesinato sobre 2 niñas.
A su antecesor, Francisco Cases, le ocurrió con las víctimas del vuelo de Spanair, y jamás se recuperó del rechazo social.
Fernando Báez, acostumbrado a salirse siempre con la suya sin que la Diócesis lo llame a capítulo, ha mancillado el esfuerzo colectivo de los integrantes de una institución que se le presupone sensible con la causa de los más débiles.
El comunicado de la Diócesis, pasadas las 12 de la noche del domingo, demuestra la actitud timorata de sus gestores, más pendientes del que dirán que de mostrar firmeza contra la maledicencia de un cura que, como expresa el presidente del Gobierno canario, debió ser apartado de su ministerio en el primer instante.
La Fiscalía ha incoado diligencias a las declaraciones de Báez y el Cabildo de Gran Canaria y la Dirección General de Igualdad del Ejecutivo han condenado en público las difamaciones del sacerdote.
La Diócesis optó por pedir perdón (siempre lo hace, como en la pederastia), lamentar los hechos y desautorizar a Báez, pero lo dejó en el cargo, al frente de una parroquia en la que imparte sermones y, además, catequesis a niños y niñas a los que inculcará no se sabe qué clase de valores según su tipo de declaraciones.
Ese hecho, el que continúe sin una suspensión temporal, acredita que el discurso de la institución está caduco: no basta con constatar la violencia vicaria a través de mero comunicado. Se exigen respuestas y acciones contra los abusadores que alivien el dolor de los familiares y que den consuelo a toda la comunidad isleña a través de un resarcimiento frente a los que provocan daños o heridas irreparables.
El comportamiento errático de Báez (que no es nuevo) es el de alguien que discurre por un odio patriarcal que justifica el asesinato en el caso de infidelidades o separaciones. Y, por ahí, la sociedad no va a pasar.
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