TINDAYA UNO DE LOS CASOS MÁS OSCUROS EN 25 AÑOS
La sociedad mercantil que gestionaba el proyecto de Chillida se disuelve después de la orden dictada por Domingo Berriel en 2011. La inversión pública supera los 20 millones de euros sin mover una piedra
Tindaya cierra una de las etapas más oscuras de la política canaria en 25 años con la disolución definitiva de la empresa Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT).
La liquidación de PMMT ha tardado 8 años en materializarse desde que la ordenase el ex consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, el único de los políticos nacionalistas que junto a Paulino Rivero evitó, por vía judicial, el pago de indemnizaciones a la familia Bittini por más de 100 millones de euros.
En la práctica, según fuentes oficiales, el cierre de la compañía trata de borrar la relación contractual con Rafael Bittini, el empresario que compartía con el Gobierno autónomo el 50% de Proyecto Monumental Montaña de Tindaya.
La sociedad mercantil PMMT ha estado salpicada de muchas idas y venidas entre los servicios jurídicos de la Administración regional y los abogados de la parte privada.
La inversión pública en Tindaya supera los 20 millones de euros después de 25 años de gestiones frustradas para vaciar el interior de la montaña sin que se haya movido una piedra para convertirla en atracción turística.
La junta general de PMMT acordó en 2011 su disolución pero es ahora, a escasas semanas de las elecciones generales y autonómicas de 2019, cuando la compañía nombra a un liquidador en la persona de José Suárez.
La junta decidió poner fin a su actividad por la negativa de Bittini a suscribir una ampliación de capital de PMMT cifrada en 18 millones de euros. El Ejecutivo decidió, en ese momento, en 2011, actuar en solitario para convocar el concurso que ejecutase la idea de Chillida
Bittini se negó a suscribir la ampliación de capital alegando falta de información documental. El empresario planteó la impugnación, pero a lo largo de estos años apenas ha trascendido a los medios la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo que beneficiaría a Bittini por daños y perjuicios con un alto volumen indemnizatorio
También en 2011, el Gobierno de Canarias ya se había dirigido al Juzgado de lo Mercantil para solicitar un liquidador para PMMT.
Fue en 2011 cuando se acordó impulsar una fundación -compuesta por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y la familia Chillida- quien tutelase la dirección y seguimiento de la ejecución del proyecto del escultor vasco, aunque no se constituyó hasta 2016.
Bittini, con la empresa Canteras de Cabo Verde, era propietario desde 1983 de los derechos mineros de la montaña, considerada sagrada por los aborígenes y aclamada por los colectivos ecologistas como un paisaje a proteger sin intervención alguna, ni artística (Chillida), ni económica (un futuro parque turístico) ni social (desarrollo).
Bittini también ejercía la potestad sobre la explotación del proyecto monumental si un día se hubiera construido.
Con la disolución de la empresa PMMT se cierra uno de los capítulos más opacos de la política canaria a lo lo largo de 25 años desde que el ex presidente de CC, Manuel Hermoso, respaldó la iniciativa del escultor.
Una comisión de investigación en el Parlamento (año 2000), varias sentencias a favor y en contra del Gobierno regional por supuesta corrupción y concesión de avales públicos por valor de 12 millones de euros, abrigan una sucesión de decisiones oficiales que integra a cargos relevantes (la mayoría en activo) como Román Rodríguez, Lorenzo Olarte, José Manuel Soria, Jaime Rodríguez Cíe, Manuel Fernández, Juan Carlos Becerra, Miguel Becerra, Adán Martín (q.e.p.d.), Paquita Luengo, Paulino Rivero, Domingo Berriel o Marcial Morales, y que devuelven Tindaya a la agenda política para después de los comicios.
