El Alto Tribunal obliga a la Comunidad autónoma a supeditarse a la norma estatal y deroga las facultades de las administraciones locales para 'someter' a las operadoras. Más de 100 millones de euros de inversión están en el aire

La Sala mantiene en 600.000 euros la sanción acordada en el TSJC contra el criterio del Gobierno regional, que reclamó 6 millones de euros. El Ejecutivo no consideró muy grave la infracción