Supremo reconoce libertad sindical del concejal Jacinto Ortega contra Ramírez
Anula las 2 sentencias condenatorias de Canarias y le exime del pago de una indemnización al empresario pese a calificarlo de "corrupto". El Alto Tribunal hace prevalecer el derecho a la libertad de expresión
Supremo reconoce el derecho a la libertad sindical, de información y de expresión, del concejal Jacinto Ortega contra el empresario Miguel Ángel Ramírez en un pleito que se remonta a 2015, antes de que el edil formara parte del equipo de gobierno de LPGC por el partido Podemos.
Supremo, en una sentencia reciente, acredita la legitimidad de Jacinto Ortega para opinar sobre la trayectoria personal de Ramírez.
Ortega calificó de “corrupto” a Ramírez durante una huelga convocada en el sector de seguridad privada en 2015, antes de la celebración de las elecciones municipales.
Supremo afirma con rotundidad que el concejal de Podemo no incurrió en delito cuando acusó a Ramírez al prevalecer el derecho de expresión sobre el reputacional. “El empleo del término corrupto, o de empresario corruptor, o la afirmación de que el demandante carece de honor, debe valorarse en un contexto muy concreto como es el grave conflicto social y sindical existente con ocasión de una huelga iniciada por los trabajadores y de los expedientes sancionadores a alguno de ellos, en una empresa del actor, en el que de una forma incidental, junto a la denuncia de la cercanía del empresario con la administración, se vertieron tales expresiones, y es en este marco concreto, y no en otro, de interés público o sindical, por la proyección social, pública y empresarial del afectado, en el que se han de valorar tales expresiones para hacerlas prevalecer sobre el honor del demandante, pues de otra forma resultaría restringido en términos incompatibles con el núcleo de este derecho, si se antepusiera el honor del demandante como obstáculo para el ejercicio del derecho a la crítica de sus actuaciones“.
Jacinto Ortega, con la asistencia letrada de Diego Socorro, logra además anular las sentencias condenatorias de Primera Instancia, en 2016, y de la Audiencia de Las Palmas, en 2017, que le obligaban a pagar 4.000 euros de indemnización a Ramírez por delitos contra el honor ahora derogados por el Tribunal Supremo.
Jacinto Ortega fue víctima de una agresión por 2 encapuchados en 2015.
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