Sanidad teme una avalancha salarial con la homologación de 15.000 enfermeros y fisios al grupo A1
La equiparación de enfermeros y fisioterapeutas obligaría a desembolsar unos 60 millones de euros al año en pleno reajuste fiscal, como la disciplina europea de gasto o la reducción del Igic
Sanidad teme una avalancha salarial con la homologación de y fisioterapia canarios al grupo A1, que rondaría una aportación suplementaria de 60 millones de euros anuales.
Desde 2015, los sindicatos de enfermería reclaman la equiparación profesional y retributiva del colectivo, uno de los más numerosos del sector público isleño con más de 15.000 sanitarios.
La homologación se fundamenta en las directrices europeas de Bolonia que legitiman la condición de grado de Enfermería y Fisioterapa. En la actualidad, esa condiciónn (A1 en el argot administrativo) está reservada para los médicos.
Desde el establecimiento del Plan Bolonia en España, enfermeras y fisioterapeutas acusan un agravio comparativo laboral a causa de su condición de grupo A2, pese a disponer de grado universitario.
El Gobierno regional aplica la diferencia entre las profesiones que antes exigían una licenciatura y las de diplomatura, a pesar de que hoy en día su todas formaciones de Grado. Aplicando este concepto, profesionales no sanitarios con el mismo nivel de estudios que las enfermeras y fisioterapeutas (por ejemplo, psicólogía) perciben un salario mayor, a pesar de que esto supone discriminar a colectivos imprescindibles por el funcionamiento de un centro sanitario, según fuentes sindicales.
La intención del Gobierno CC-PP, en base a los compromisos electorales del 28M, pasa por fijar la adecuación salarial en el plazo de dos años. La estimación generalizada pasa por un crecimiento total del sueldo base de 3.700 euros anuales por las profesiones sanitarias de Grado y las homologadas.
En total, la Consejería tendría que desembolsar unos 60 millones de euros, que se unirían al aumento salarial prometido a los médicos, pendiente de materializar.
La asunción de ambos frentes llega en una coyuntura de reajuste fiscal, como la disciplina de gasto (déficit y deuda) que impone el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea. Para el caso autonómico, un posible incremento salarial trastocaría los planes del Ejecutivo en su anhelo de bajar algunos tipos del Igic vinculados a la cesta de la compra.
El Capítulo I, el de Recursos Humanos, supone casi el 54,4% del presupuesto global del SCS, dotado de 2.000 millones de euros.
