Riesgo de impagos en el 23% de los créditos ICO
Ya hay plataformas que están reuniendo a receptores de los ICO a los que se obligó a avalar las operaciones y a quienes se les está reclamando el pago, a pesar del aval del banco público estatal
A Canarias le correspondieron unos 4.000 millones de euros de los más de 100.000 millones que el Gobierno, en 2020, puso a disposición de las empresas para afrontar el impacto del coronavirus en la economía.
Según las estimaciones más optimistas, la morosidad de estos créditos superará los 10.000 millones de euros en España, lo que equivale a unos 400 millones en las Islas.
El Tribunal de Cuentas, en cambio, acaba de poner los pies en el suelo a los operadores, las casas de seguros y los intermediadores financieros revelando que ya se han producido las primeras solicitudes de ejecución de avales del Estado a préstamos impagados.
El Banco de España, por su parte, advirtió de que el 23% de los créditos ICO concedidos durante la pandemia está clasificado en vigilancia especial; o sea, presenta riesgos de impago.
Por otro lado, es un hecho que el 41% de las empresas beneficiarias (más de 250.000) se acogieron a la ampliación del pago o carencia, de manera que la preocupación por un posible repunte de la morosidad, en plena recesión, es un hecho notorio.
El ICO, como órgano natural del Gobierno, ha llamado a la calma. Pero su altavoz carece de credibilidad a la vista de que ya hay plataformas que están reuniendo a receptores de los ICO a los que se obligó a avalar las operaciones y a quienes se les está reclamando el pago, a pesar del aval del banco público estatal, tal y como ha expuesto el presidente del Consejo General de Colegios de Grestores Administrativos, Fernando Santiago.
Vienen curvas, cuidado.
