Redexis se queda sin aliento por un recurso del Cabildo GC contra el gas
Bruselas sanciona el crédito de 125 millones de euros concedido por el BEI para construir la red de gas ciudad que perdió el Gobierno de Clavijo ante los tribunales. La decisión se conoce en pleno apagón cero de Endesa y REE
Redexis se queda sin aliento por un recurso del Cabildo GC contra el gas.
Bruselas sanciona el crédito de 125 millones de euros concedido por el BEI para construir la red de gas ciudad que perdió el Gobierno de Clavijo ante los tribunales, y que está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo.
La División del Mecanismo de Reclamaciones del Banco Europeo de Inversiones (MR-BEI) ha comunicado a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria el archivo definitivo del proceso de investigación del proyecto de Redexis Gas en Canarias por incumplir preceptos básicos del propio banco denunciados por el Cabildo, así como por la nulidad de todas las autorizaciones y licencias otorgadas por el anterior Gobierno de Canarias al Proyecto.
La notificación del BEI a la Corporación insular fue redactada en Luxemburgo el 10 de septiembre de 2019 en el documento “Spain Gas Network Expansion II Statement of Closure ES”, en el marco de las reclamaciones SG/E/201813-18 y 20-23.
“Supone una inmensa satisfacción que el Cabildo haya logrado una clara e inédita victoria en Europa contra poderosas industrias y sectores financieros empeñados en seguir contaminando el planeta incrementando el impacto de la crisis climática”, exclamó el presidente del Cabildo, quien trasladó su “sincero reconocimiento a las otras dos entidades reclamantes por contribuir conjuntamente a lograr este magnífico resultado: Greenpeace España y Clean Ocean Project”.
Antonio Morales recuerda que millones de personas salen a las calles en miles de ciudades del mundo para reclamar que se reduzcan las emisiones responsables del calentamiento global, y lo hacen “precisamente para esto, para plantar batalla a quienes siguen contaminando y para lograr medidas efectivas y reales en favor de modelos energéticos limpios, justos y renovables”.
La decisión de Bruselas se conoce en medio de la polémica por el apagón cero sufrido por Tenerife a cuenta de las infraestructuras de Red Eléctrica y Endesa.
Una batalla que comenzó en 2018
La denuncia inicial fue dirigida el 5 de febrero de 2018 por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, al presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, reflejando el rotundo rechazo al crédito de 125 millones de euros de fondos públicos suscrito el 22 de enero de 2018 en Las Palmas de Gran Canaria entre el presidente de Redexis Gas, Fernando Bergasa, y el entonces vicepresidente del BEI, Román Escolano (posteriormente nombrado ministro de Economía, Industria y Competitividad del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy).
Este crédito se aprobó con pleno apoyo institucional del Gobierno de Canarias, cuyo entonces consejero de Industria, Pedro Ortega, asistió al acuerdo crediticio. La denuncia del Cabildo fue dirigida al presidente del BEI con copia a los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
Redexis Gas contemplaba inicialmente la construcción de 8 estaciones de aire propanado, 240 kilómetros de gaseoductos de distribución (que se elevaban hasta 3.000 km en fases posteriores) y 19.000 acometidas en ocho municipios de Gran Canaria y Tenerife, una operación que el Cabildo de Gran Canaria consideraba un inaceptable obstáculo para el desarrollo de energías renovables en un archipiélago que registra una de las más elevadas huella de carbono de España.
Y es que el grado de generación de renovables en Canarias no supera el 10% a pesar de sus ricas fuentes naturales, de manera que el 90% restante se produce quemando hidrocarburos, lo que contribuye de forma notoria al incremento del calentamiento global.
Así, el proyecto fue aprobado inicialmente el 18 de julio de 2017 por el consejo de administración del BEI para apoyar la ampliación de operaciones de transmisión y distribución de gas en España.
El préstamo se integró en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) para paliar los déficits de inversión en la Unión Europea, y constaba de dos tramos, uno de 50 millones de euros en 2017 y otro de 75 millones de euros en 2018.
Debido a los procesos de reclamación abiertos contra este proyecto, ninguno de estos importes fue abonado a la multinacional gasista, ahora esta financiación desaparece por completo para el proyecto de la multinacional en las Islas Canarias, si bien el Cabildo ha solicitado al BEI que tampoco le sea concedida esa cantidad para ningún otro proyecto contaminante, sea en la Península o cualquier otro lugar del mundo, ya que el daño al planeta es el mismo. Asimismo, le ha solicitado al Banco Europeo que lo reoriente a proyectos basados en fuentes limpias y renovables.
La División de Reclamaciones del BEI identificó en mayo pasado tres argumentos de la denuncia del Cabildo que determinaron la decisión adoptada por el Banco Europeo, que justifica el cierre de la investigación y el carpetazo al proyecto:
1.- Abandono del proyecto financiero del Banco, tras las denuncias recibidas: El BEI comunica al Cabildo de Gran Canaria que “sobre la base de los debates mantenidos y de la información recibida del BEI durante la investigación, el MR-BEI tuvo conocimiento de que el Banco ya no estaba estudiando activamente financiar los componentes ubicados en las Islas Canarias en el marco del programa Expansión de la Red Gasista de España II”.
2.- Nulidad de los procesos administrativos y licencias del Gobierno de Canarias: El BEI resalta que “en marzo de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias emitió una sentencia («Sentencia del TSJIC») en virtud de la cual se determinaba que el Decreto 354/2015, de 15 de octubre, era contrario a la legislación básica estatal y, por consiguiente, era declarado parcialmente nulo”.
“Como resultado de lo anterior –prosigue-, también son actualmente nulos los procesos de licitación pública mediante los cuales se adjudicaron a Redexis Gas las correspondientes licencias y demás autorizaciones para desarrollar las inversiones en las Islas Canarias. El Gobierno de Canarias y Redexis Gas han recurrido dicha sentencia ante el Tribunal Supremo de España. Mientras la sentencia del TSJ esté en vigor y no exista una resolución definitiva del Tribunal Supremo, las inversiones de las Islas Canarias no cumplen las cláusulas de los contratos de financiación anteriormente mencionadas”.
Además, “es poco probable que haya una sentencia del Tribunal Supremo antes del final del período de inversión del programa, que termina en 2019. Este cambio en la situación de las inversiones en las Islas Canarias supone que el BEI ya no esté involucrado activamente en relación con esos componentes objeto de la reclamación”.
3.- Asunción de criterios de los denunciantes: El BEI concluye expresando que “esta decisión se adoptó tras las conversaciones del MR-BEI con los reclamantes y ante la necesidad de asignar sus recursos eficientemente entre las distintas reclamaciones pendientes presentadas ante el mismo”.
“Con el resultado final de este litigio, Canarias se verá libre de nuevas infraestructuras de hidrocarburos, contribuirá a reducir sus emisiones contaminantes y a combatir el cambio climático, reducirá su dependencia energética exterior incrementando con hechos patentes el desarrollo de fuentes renovables, mejoraremos la calidad del aire que todas las personas de todas las islas respiran y, muy importante, las islas dan ejemplo al mundo de que apostar por la defensa del planeta y la lucha contra el cambio climático es una cuestión de hechos y no solo de palabras, y aquí cumplimos nuestra palabra con hechos concretos”, concluyó Morales.
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