Pensionistas de copago serán asistidos ante Hacienda por el Gobierno
El Ejecutivo sustituye las subvenciones de Clavijo por un real decreto al detectar "impurezas" jurídicas que obligan a los jubilados a declarar al fisco. Sanidad proyecta una campaña divulgativa para aliviar tensiones con la Agencia Tributaria
Pensionistas de copago farmacéutico serán asistidos ante Hacienda por el Gobierno canario. La Consejería de Sanidad proyecta incluso una campaña divulgativa para alertar a los jubilados de sus obligaciones ante la Agencia Tributaria.
El Ejecutivo de Ángel Víctor Torres (PSOE) sustituirá la normativa de subvenciones de Fernando Clavijo (CC) de 2019, promovida en plena campaña electoral, por un real decreto que evite “impurezas” jurídicas, como la obligación de los jubilados de declarar en la campaña del Impuesto de la Renta (IRPF).
La consejera de Sanidad, Teresa Cruz (PSOE), confirmó que el Gobierno barajó hasta 3 opciones, desde prorrogar la subvención de Clavijo para pagas inferiores a 18.000 euros, hasta prestaciones supletorias pasando por un complemento de las pensiones, que es la fórmula que mejor encaja en el anuncio de Torres.
Torres se comprometió a mantener el diferencial de coste de los medicamentos con carácter retroactivo a 1 de enero de 2020, pero al detectar que decenas de miles de jubilados son susceptibles de cumplimentar el IRPF, a partir de mayo de 2020, elevó una consulta a los técnicos de la Consejería de Hacienda.
La cartera que dirige Román Rodríguez (Nueva Canarias, NC) notificó al Consejo de Gobierno que los jubilados que acumulen subvenciones por valor de 1.000 euros al año, deberán presentar la declaración.
El Ejecutivo regional desconoce cuántos pensionistas estarán afectados por la medida del Ejecutivo de Clavijo, promovida a pocas semanas de los comicios autonómicos de 2019, ya que un pensionistas que se beneficia del copago farmacéutico podría recibir otras subvenciones en materia de viviendas, por ejemplo.
La consejera de Sanidad reseñó que el volumen de canarios que se acogieron a las subvenciones del copago roza los 300.000, con un coste de para las arcas públicas de 14 millones de euros. Espiral21, que adelantó la noticia, cifró en unos 200.000 los contribuyentes que podrían presentar la declaración de Hacienda.
Julio Pérez, portavoz del Gobierno, junto a Teresa Cruz, consejera de Sanidad. (Foto Espiral21).
Según el portavoz del Gobierno, Julio Pérez (PSOE), el futuro real decreto se escorará hacia la figura del complemento de las pensiones (como en Baleares), de manera que dejará de esta tutelado por Sanidad para pasar, previsiblemente, al área de Presidencia.
Julio Pérez subrayó que la subvención “no es la más adecuada“. “Hemos buscado una solución jurídicamente solvente, sin impurezas ni deficiencias, que será la que pongamos en marcha con carácter retroactivo“.
Pérez hizo hincapié, en varias ocasiones, en la inminencia del real decreto, que entraría en vigor a mitad de enero de 2020, siempre, indicó el consejero y portavoz, que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez derogue la norma de Mariano Rajoy de 2012, y caiga por liquidación el copago de medicamentos.
En su nota oficial a los medios, el Ejecutivo autonómico establecerá un nuevo ordenamiento jurídico que, “a diferencia del Decreto 78/2019, de 6 de mayo del Gobierno de Canarias, no tendrá rango de subvención, de manera que eximirá a sus beneficiarios de las obligaciones que emanan de recibir tal subvención, como es la de presentar la declaración de la Renta correspondiente a 2019 siempre que el incremento patrimonial del pensionista beneficiario sea superior a los 1.000 euros, a lo que en algunos casos pudo contribuir el modelo aplicado por el Ejecutivo canario anterior, el que rigió desde mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre del año pasado“.
De igual forma, “el mantenimiento de la modalidad de subvención como vía para garantizar la gratuidad de los medicamentos este 2020 hubiera podido excluir a algunos pensionistas de tal ayuda pública debido a cuestiones que poco o nada tienen que ver con una prescripción sanitaria de tratamiento o con el nivel de renta del perceptor, lo que podía ir en contra del acceso en condiciones de igualdad a los tratamientos sanitarios“.
