Patronal de Las Palmas advierte de una “nueva etapa” con “riesgos”
La Confederación de Empresarios espera que la "inversión pública" palie los efectos derivados de la coyuntura mundial en la actividad empresarial. En su informe anual 2022, reclama la defensa a ultranza del REF como vertebrador social
La patronal de Las Palmas lanza varios objetivos para paliar la “contracción” económica de la actividad privada ante los desafíos de la economía mundial.
En su informe anual 2022, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), que acaba de estrenar presidente en la persona de Pedro Ortega, evita los eufemismos para centrar las reformas en la aceptación de la crisis. “Canarias afronta ahora una nueva etapa del ciclo con riesgos claramente a la baja y altas dosis de incertidumbre que condicionan el panorama económico que nos rodea“.
Según el informe, dirigido por el economista y vicepresidente ejecutivo de la CCE , José Cristóbal García, los precios y el precio del dinero marcan la caída de la actividad empresarial. “La escalada inflacionista, los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sobre las principales potencias europeas y el endurecimiento de la política monetaria pueden abocar a procesos de contracción en las principales economías de nuestro entorno, y generar un clima inestable que no propicia el desarrollo de la actividad productiva, especialmente en Canarias, dada su alta exposición a la coyuntura internacional“.
La CCE apuesta por modificar la trazabilidad de la economía isleña. “Debemos afrontar este nuevo escenario con medidas claras que incentiven e impulsen la actividad productiva, conteniendo los efectos al alza en los precios, manteniendo los niveles de renta y evitando medidas fiscales que agraven la situación. Será el momento, además, de impulsar definitivamente la transformación digital de nuestra economía y avanzar de manera decidida en la transición hacia un modelo más sostenible, y en esta línea Canarias cuenta con la oportunidad que le brindan los recursos que recibirá provenientes de la Unión Europea“.
Pedro Ortega y José Cristóbal García, en la presentación del informe de la economía en 2022.
Pedro Ortega y José Cristóbal García creen que el sector público juega, en este contexto, una posición angular. “En un contexto tan incierto como el que se prevé para los próximos meses, la Administración contará con una fuerte capacidad inversora, y debe mejorar su capacidad de gestión para generar un efecto tractor sobre el resto de la economía que sirva de contrafuerte para evitar la embestida de una nueva crisis económica en un momento crucial para Canarias, que aún no ha logrado consolidar su recuperación tras la fuerte debacle que supuso la pandemia de 2020“.
“La inversión pública debe servir para evitar la contracción de la actividad privada, en un contexto marcado por la creciente incertidumbre, y compensar el estancamiento que ya viene acusando el consumo privado en los primeros meses de 2022. Los fondos europeos deben provocar, además, un avance sustancial de nuestra economía hacia la digitalización y la transición energética; la transformación digital; el crecimiento y empleo inteligentes, sostenibles e inclusivos; la cohesión social y territorial; la salud y resiliencia; y las políticas para la próxima generación, niños y jóvenes, incluyendo la educación y la adquisición de capacidades“.
“Las organizaciones empresariales están comprometidas con todos estos objetivos y cuentan con el respaldo de un tejido productivo muy proactivo y decidido a afrontar los retos que exigen la transición energética y la transformación digital de todos sus procesos“, indica el informe disponible en la web corporativa de la Confederación.
En este sentido, la CCE apela al consenso institucional como mecanismo de reordenación social. “Precisamente por ello, la Concertación Social debe ser el marco donde poner en común estos pilares estratégicos que deben sustentar nuestra economía en el medio y largo plazo, porque en ese espacio se logran alcanzar acuerdos eficaces que han acompañado el desarrollo de nuestra región, como los que han promovido, y continúan promoviendo, la mejora de la formación y capacitación de nuestros trabajadores, la consolidación del tejido empresarial y el fomento de su crecimiento para acercarnos a la media europea, o el incremento del grado de internacionalización de nuestra economía“.
PIB y REF
Por otro lado, el Producto Interior Bruto de las Islas se habría situado durante 2021 en los 41.760,7 millones de euros, lo que equivale al 3,5% de los 1,2 billones en los que quedó valorado el PIB nacional ese año, frente al 3,8% que representaba la economía canaria en el conjunto de nuestro país hace dos años.
Si del valor del PIB se reducen los “Impuestos netos de subvenciones sobre los productos finales”, que en 2021 alcanzaron los 3.928,7 millones de euros, se constata que la producción en el Archipiélago, en términos de Valor Añadido Bruto, se situó al cierre del año en los 37.832,0 millones de euros, lo que supone incremento del 6,1%, en términos reales durante el último año, un avance que, nuevamente, se sitúa por encima del crecimiento registrado en el conjunto del territorio estatal, donde el VAB se elevó un 5% por ciento.
La evolución del PIB de Canarias desde el lado de la oferta, muestra cómo el sector servicios destacaba el pasado año con un avance relativo 6,8%.
La CCE precisa que tras la materialización del “Brexit” en enero de 2021, el peso de las exportaciones hortofrutícolas al Reino Unido pasó a ser apenas el 11,4%, frente al 51,6% que representaba en 2020, por lo que, pese al incremento de las ayudas del Posei, resulta vital que se incorporen medidas específicas para Canarias que den respuesta a su condición ultraperiférica en el marco de la UE, destinadas a amortiguar el impacto de las nuevas exigencias aduaneras con el Reino Unido.
En este sentido, la recuperación efectiva de la inversión también debe pasar, necesariamente, por la defensa del Régimen Económico y Fiscal ante la Administración Estatal y ante la Unión Europea aún durante los próximos años.
PIB de Canarias, evolución.
“El REF es un elemento vertebrador de nuestra sociedad, y también de nuestras empresas, que puede dar solución a problemas estructurales que impiden el desarrollo de la actividad productiva en Canarias en las mismas condiciones que lo hacen las empresas en territorio continental. Los problemas son estructurales, pero las medidas que dispone para superarlos deben poder adaptarse a las exigencias que impone la fase del ciclo económico en el que nos desenvolvemos“.
La incidencia de la pandemia, indica la Confederación, exigía adoptar decisiones que permitieran la flexibilización de los plazos de inversión, y del cómputo de los periodos de utilización y de mantenimiento de las inversiones ligadas a los incentivos fiscales que contempla el REF, “pero lejos de avanzar en esta dirección, muchas de las decisiones y medidas que se han adoptado en estos últimos años llegan incluso a colisionar con los principios básicos de nuestro REF“.
“Es importante cumplir con el compromiso de revisión de nuestro REF y de sus instrumentos fiscales para adaptarlos a las circunstancias derivadas de la coyuntura actual flexibilizando sus plazos y requisitos e incentivando el mantenimiento y creación de empleo, para incrementar la liquidez empresarial y la inversión en el Archipiélago, tal y como quedó recogido en el Pacto por la Recuperación Social y Económica de Canarias, que firmó el Gobierno de Canarias junto a los agentes sociales y otros representantes de la sociedad en el mes de mayo de 2020”.
La respuesta de la Administración continúa “siendo lenta e insuficiente y no se han logrado avances significativos”, denuncia la paatronal.
Las modificaciones se han limitado a ampliar in extremis por un año el plazo de vigencia de la ZEC y el plazo de materialización de la RIC a finales de 2020 y, durante 2021, se ha restablecido el diferencial perdido del 80% en las deducciones al cine, y todo “tras una ardua tarea de reclamaciones y negociaciones entre Administraciones”.
“Los problemas son estructurales, pero las medidas que contempla para superarlas deben poder adaptarse a las condiciones que impone la fase del ciclo económico en el que nos desenvolvemos. La CCE ha defendido durante estos últimos años, como no podía ser de otra forma, la flexibilización de los plazos de inversión, el cómputo de los periodos de utilización y de mantenimiento de dichas inversiones, y los requisitos exigidos por la norma vigente actual aspectos como la creación y el mantenimiento del empleo en las Islas en materia de la RIC, y el régimen de la Zona Especial Canaria. La adaptación de nuestro REF, pero también de la defensa del trato diferenciado que lo sustenta, continúan siendo un reto incluso a día de hoy, pese a los logros que habíamos alcanzado tras la última modificación aprobada en el año 2018, que ya contaba con un amplio consenso de toda la sociedad canaria”.
