Patronal avisa que subir los impuestos “prolonga la crisis”
La Confederación Canaria de Empresarios enumera los riesgos de una mayor presión fiscal: deslocalización, fuga de inversores y pérdida de competitividad
Patronal de Las Palmas avisa que subir los impuestos “prolonga la crisis“, según el contenido de un informe de seis páginas presentado a la junta directiva por el vicepresidente, el economista José Cristóbal García.
La patronal calcula que incrementar los impuestos de las empresas, como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, representa un hándicap para el desarrollo económico. “En España, la reducción de la recaudación tributaria, debido al descenso en la actividad económica pretende ser compensada, a corto plazo, mediante la introducción de nuevos tributos o la reforma de los existentes, con especial hincapié en la tributación empresarial“.
“Algunas de las principales economías de la Ocde consideran que los ajustes basados en incrementos de ingresos tienden a prolongar las crisis y ralentizan la vuelta al crecimiento y a la senda de reducción y sostenibilidad de la deuda pública, por lo que han procedido a bajar impuestos“, señala el documento al que accedió este periódico.
Como contraposición a España, la Confederación cita los casos de Alemania, donde se rebajó temporalmente el IVA y se anunció una reducción del peso de las cotizaciones sociales sobre los salarios; o de Estados Unidos, Francia e Italia, a través de las medidas fiscales anticrisis marcadas por el rechazo a subir impuestos y la voluntad de crear un clima tributario favorecedor de una recuperación rápida.
Los empresarios reclaman cautela a las autoridades del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. “Ante cualquier reforma tributaria es necesario mirar a los países de nuestro entorno para evitar efectos como la deslocalización de inversiones, la fuga de contribuyentes o situar en desventaja competitiva a nuestros residentes, fundamentalmente, a aquellos que operan en mercados internacionales, pero también a los locales que deberían sufrir la competencia de operadores no residentes con una menor carga tributaria“.
La patronal proponen una receta básica para alcanzar un “modelo coherente“. “El aumento de la recaudación tributaria debe basarse en el incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, y en la lucha contra el fraude fiscal más que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno, principalmente en lo relativo“.
La Confederación Canaria de Empresarios expuso a la junta directiva la necesidad de apelar al Índice de Competitividad Fiscal (ICF), un instrumento que permite comparar el diseño de las normas tributarias de las economías desarrolladas, desvelando qué países presentan un sistema más razonable y favorecedor del crecimiento, y señalando qué demarcaciones sufren un modelo más “obstruccionista y entorpecedor” del desarrollo y del progreso socioeconómico, entre las que, “lamentablemente, cada vez destaca más España“.
En el ICF, España se sitúa en el año 2021 en la posición 30 del total de los 37 países analizados, cuatro puestos más abajo que la posición 26 que ocupaba en el año 2020, lo que muestra una pérdida notable de competitividad fiscal hispana, que ya se encontraba en posiciones rezagadas en el entorno internacional, “posición que va a peor y seguirá empeorando si se continúa, como parece, con continuadas subidas de impuestos“.
La patronal recuerda que el indicador más habitual, el de presión fiscal medida como recaudación sobre PIB, aprecia el efecto de la economía sumergida, lo que sugiere que en España se recauda el 35,4% del PIB nacional, pero está pagado exclusivamente por el 78% de la actividad económica, dado que el 22% del PIB es economía sumergida. “Por tanto, la presión fiscal efectiva para los que contribuyen es del 44,6%, similar a la del conjunto de la UE“.
Hacienda con la ministra María Jesús Montero y el presidente Ángel Víctor Torres. (Foto Acfi Press).
IRPF, Sociedades y Patrimonio
En relación con el Impuesto sobre Sociedades, España presenta una presión fiscal normativa un 27,2% más elevada que la media de la Unión Europea, y un 21,2% superior al del promedio de la Ocde. “Se ha producido un sensible empeoramiento frente a los resultados de 2020, donde España ocupaba la posición 28 de los 36 países analizados, en cuanto a competitividad de su impuesto sobre sociedades, mientras que en 2021 ha descendido hasta la posición 32 de un total de 37 países“.
Respecto a la imposición patrimonial la situación de España es aún peor; en este caso, la posición de España es un 40,8% peor que la de la UE, y un 38% menos competitiva que el nivel medio de la Ocde, con el tercer peor resultado, tan solo por detrás de Italia y Suiza, de los 37 países analizados.
En cuanto a la imposición sobre la renta de las personas físicas, su efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social (cuña fiscal) es, en España, del 39,3% en 2020, lo cual significa que el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60,7% del coste laboral. En este eígrafe, España se sitúa por encima de la media de la OCDE, que es del 34,6%.
“Es prioritario recuperar la credibilidad y sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Y solo será posible cuando se acometa nuestra gran reforma estructural pendiente, la de optimizar la eficiencia del gasto público, y nunca a través de subidas impositivas que comprometen el crecimiento y, por lo tanto, la consolidación presupuestaria ulterior. De hecho, gran parte del gasto público estructural no se debe tanto a mejores prestaciones públicas a los ciudadanos, sino a mayores ineficiencias“.
