Obligada reducción salarial del Gobierno ante la crisis
El informe sobre cancelación de reservas turísticas, elaborado por Dingus y del que da cuenta este periódico, coloca a Canarias al borde una depresión sin precedentes.
En julio entraría en Canarias el 3,5% de los turistas habituales, es decir, 35.000 escasos visitantes frente al millón desde el mismo mes de julio del año 2019.
Julio agrava así la caída de junio (pérdida de un millón de plazas aéreas) y encadena un periodo plano que se prolongaría, según fuentes empresariales, hasta invierno de 2021.
El pronóstico de Dingus podría agudizarse si continúa los rebrotes de coronavirus y las cancelaciones se acrecientan. Los pocos hoteles que operan en condiciones precarias, prevén cerrar en septiembre y, lo que es más nocivo para el consumo y el empleo, los Ertes que se prorroguen en octubre cubren solo el 50% del salario.
La pérdida adquisitiva de unos 150.000 trabajadores canarios que no pueden retornar a sus puestos en otoño, obliga a una reflexión moral en todas las instituciones públicas que sirva, como efecto solidario, para consolar a empresas y trabajadores.
Gobierno, Parlamento, ayuntamientos, cabildos y el resto de organismos debe reajustar sus sueldos en una cantidad significativa que dé aliento ante una deblace económica que implica austeridad y contención del gasto.
El Instituto Canario de Estadística (Istac) ya avisó de una retracción del PIB en torno al 35%, aunque de forma poco ortodoxa la consejera de Economía, Elena Máñez, mejoró las expectativas sin valorar que Canarias sufre un cero turístico de campeonato.
