Nacionalizar empresas es ya una realidad en España

Europa modifica las reglas sobre ayudas públicas que permite a los gobiernos entrar en el capital de empresas afectadas por la pandemia

Nacionalizar empresas es ya una realidad en España y en el resto de la Unión Europea (UE).

La Comisión Europea ya ha adoptado la modificación en las reglas sobre ayudas públicas que permitirá a los Gobiernos entrar en el capital de empresas afectadas por la pandemia, grandes y pequeñas, cotizadas o no, informa Expansión.com.

La norma, en vigor desde el fin de semana del 10 de mayo de 2020, eleva los umbrales de notificación de forma que las intervenciones en empresas superiores a 250 millones serán comunicadas a Bruselas frente a los 100 millones que inicialmente contemplaba la Comisión, a caballo entre lo que demandaba el Gobierno España que preside Pedro Sánchez, que fueran lo más bajos posibles, y los 500 millones reclamados por Alemania y Francia.

El texto definitivo introduce la posibilidad de que los Estados ayuden también a las empresas en forma de deuda subordinada. Las compañías intervenidas tendrán prohibido repartir dividendos a sus accionistas, aprobar recompras de acciones y otorgar bonus hasta que el Estado se haya desvinculado completamente de las mismas. En este sentido, existirá una “limitación estricta” de la remuneración de los directivos hasta que se haya amortizado el 75% de la inversión estatal.

Finalmente, la normativa incluye una serie de salvaguardas para “evitar distorsiones de la competencia en el mercado único“. Así, por ejemplo, la Comisión exigirá ajustes estructurales o de conducta comercial para compañías que cuenten con una cuota de mercado significativa en al menos uno de los mercados relevantes en los que operen, limitando los perjuicios a los competidores.

También establece la prohibición de adquirir más allá del 10% de empresas competidoras o aquellas que se encuentran en mercados contiguos aguas arriba o abajo, mientras la desinversión pública no supere un 75%.

Se prevén excepciones cuando estas adquisiciones resulten indispensables para el mantenimiento de las actividades. No se limitan las fusiones. Además, se abre la puerta a que los países añadan otras condiciones “para favorecer la transformación verde o digital de sus economías o evitar la evasión fiscal“.

Los Gobiernos sólo podrán intervenir “para evitar el sufrimiento social o fallos de mercado debido a pérdida masivas de empleo, la salida de una compañía innovadora o sistémica o el riesgo de disrupción de un servicio esencial“.

La ayuda debe limitarse a garantizar la viabilidad de la empresa y “no debe ir más allá de lo necesario para restaurar la estructura de capital que tenía el beneficiario antes del brote de coronavirus“.

El Estado debe resultar “suficientemente remunerado” por los riesgos asumidos en la recapitalización, no como ocurrió con Bankia, donde la inversión pública no se ha recuperado aún.

Las vías de entrada de los Estados en las empresas previstas son el refuerzo patrimonial mediante la emisión de nuevas acciones, ordinarias o preferentes, e instrumentos híbridos de financiación de deuda que también podrían convertirse en capital, a través de bonos convertibles, garantizados o no, o préstamos participativos.

Además, para las participaciones directas en el capital, la Comisión establece que si en cuatro años y seis años el Gobierno no se ha desprendido de al menos un 40% del paquete que obtuvo con su inyección, recibirá un porcentaje de títulos liberados adicional como mínimo del 10% de la participación que aún conserve, o un incremento equivalente del precio de recompra.

Las empresas recapitalizadas no podrán utilizar la ayuda para apoyar la actividad económica de otras sociedades asociadas que estuvieran en dificultades antes del 31 de diciembre de 2019.