Marruecos, Polisario y España se juegan la diplomacia del Magreb
Exteriores, Interior y Defensa están al tanto, en tiempo real, de la decisión que adopte la Justicia española. En medios oficiales se ha diagnosticado la posibilidad de sustituir al líder del Polisario si continúa imputado
Marruecos, Polisario y España se juegan la diplomacia en el Magreb por la citación de Gali, líder de los saharauis, ante la Audiencia Nacional.
Brahim Gali, considerado uno de los personajes más influyentes de la política magrebí de los últimos 40 años, comparece el martes 1 de junio de 2021, por vía telemática, ante el juez Santiago Pedraz, que lo acusa de presuntos crímenes contra la humanidad por tortura y secuestro.
Para su defensa, Gali contrató los servicios del abogado español Manuel Ollé, uno de los más valorados en procesos de derechos humanos.
Ollé, profesor en la Complutensa de Madrid, ha logrado, por ejemplo, que prosperase en Las Palmas la querella por blanqueo de capitales de altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial, entre los que se encuentra la familia rusa Kokorev.
La declaración ante el juez se oficia en un hospital de Logroño, en el que permanece ingresado desde finales de abril Gali, aquejado de Covid.
Las jefaturas de Exteriores de España, Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática (con el respaldo de Argelia), han dado al caso máxima prioridad después de que se agravara la crisis migratoria en El Estrecho con el paso de 10.000 marroquíes (incluidos unos 2.000 menores) a Ceuta.
La Rasd y el Frente Polisario llevan desde noviembre de 2020 sumidos en una guerra de baja intensidad contra posiciones marroquíes en el muro de arena del Sáhara Occidental.
La orden de abrir fuego la dio el propio Brahim Gali, alterando por vez primera el status quo que Naciones Unidos impuso en 1991.
Manuel Ollé, abogado de Gali, en el centro, en un acto con saharauis. (Foto Contrainformación.com).
Para el Polisario, el encausamiento de Gali “arriesgaría” el discurso independentista que se inició cuando España abandonó El Sáhara Occidental en 1975. “Se trata del líder de una nación, no es un político al uso, es el presidente de una república que reclama su territorio, un territorio que invadió ilegalmente Marruecos. No hay causa“, según portavoces del Polisario consultados por este periódico.
La Rasd ha sido reconocida por más de 80 países, aunque no por España, que sigue a la espera de una resolución de Naciones Unidas que no llega.
El Gobierno de Rabat, por su parte, trata de legitimar ante el presidente Joe Biden el reconocimiento de Estados Unidos a la marroquinidad del Sáhara, en diciembre de 2020, a cambio de oficializar las relaciones comerciales con Israel.
En medio de un contexto de máxima tensión entre países fronterizos (Argelia es el suministrado del 50% del gas que consume España), el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha visto forzado, por el impacto migratorio, a adoptar decisiones que contenten a las partes, sobre todo, cuando la Justicia ha considerado que Gali es susceptible de que se le deduzca testimonio.
Gali llegó a España para curarse de Covid pero, por vez primera desde 2007 (cuando se presentó la denuncia de la ong Asadedh), el líder saharaui tiene la oportunidad de quedar fuera del proceso si el juez Pedraz no observa la comisión de delitos.
En cambio, si la Audiencia Nacional lo mantiene como investigado, el equilibrio de fuerzas en el Magreb obligaría a renegociar las condiciones del propio Gali, que vería mermada su interlocución ante Estados Unidos, la Unión Europea o la Unión Africana para mantener firme la celebración de un referéndum de autodeterminación.
España, Marruecos y el Polisario (más Argelia) han elevado el peso de los ojeadores que siguen el caso. La declaración de Gali ha sobrepasado a los titulares de las 2 denuncias (existe una segunda por posibles torturas) y no se ha dejado nada al azar, según fuentes conocedoras del caso.
El nivel institucional que se la conferido a la causa corresponde a direcciones de Exteriores, Interior y Defensa, que están al tanto, en tiempo real, de la decisión que adopte la Justicia española.
En medios diplomáticos se ha diagnosticado la posibilidad de sustituir a Gali si continúa imputado con el fin de aliviar la conflictividad de los últimos meses, que van desde la guerra junto al muro de arena a la revisión de Washington sobre El Sáhara, pasando por la crisis migratoria, los acuerdos de cooperación contra el crimen organizado en El Estrecho o la compra-venta de energía y armas, además del futuro de Oriente Próximo tras los bombardeos entre Israel y Palestina.
