Marco Aurelio Pérez tenía razón
"Gran Canaria da un paso atrás en la conversión de su oferta de ocio como consecuencia de la precipitación administrativa (y política)"
A la familia Kiessling se le atragantó Gran Canaria desde el primer momento.
Acostumbrada a corretear a sus anchas por Tenerife, los inversores alemanes pensaron que el Cabildo de Gran Canaria (en el primer mandato de Morales) era pan comido.
Creyeron a Nueva Canarias y PSOE a un año de las elecciones de 2019 cuando el criterio del entonces alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, era simple: “Los procedimientos hay que cumplirlos y llevan tiempo. Las prisas son malas consejeras”.
Los asesores de Kiessling desoyeron una de las pocas verdades que caracteriza a la Administración en plano jurídico. El tiempo, casi cinco años después, muestra cómo Gran Canaria da un paso atrás en la conversación de su oferta de ocio como consecuencia de la precipitación administrativa y política.
El Siam Park han constituido una oportunidad de oro para el empleo y la inversión en una isla que lleva 12 años sin levantar un hotel de alta categoría. Solo Lopesan cuenta con inversiones paralizadas por mil millones de euros en una larga lista que incluye a RIU, Barceló, H10, Sea Side, Meliá, Sevatur y un largo etcétera. Es una epidemia transformada en cenizo.
El fallo del Tribunal Supremo es inapelable y deja al descubierto miserias humanas que trascienden al interés general. En una larga rueda de prensa en 2018 que duró dos horas, Marco Aurelio Pérez explicó con detalle todos los riesgos que asumían los inversores plegándose a un planeamiento (del Gobierno regional y del Cabildo) que, presuntamente, incumplía preceptos del aprovechamiento público, por un lado, y de competencia municipal, por otro.
Los abogados de Kiessling prefirieron plegarse al sol que más calienta del Cabildo y del Gobierno a pocos meses de los comicios. Ahora la historia se repite con un deselance aciago: Siam Park carece de red normativa para su planificación.
Kiessling, además, abriga un pleito con Hacienda, amén de las subvenciones y exenciones fiscales que prevé el REF canario vinculadas al proyecto.
Triste final para una iniciativa empresarial con Gran Canaria como única derrotada.
