Las becas deben garantizar el derecho a la educación
Para nosotros no se trata de una recompensa sino del mecanismo que hace que los hijos e hijas de familias con menos recursos y menos posibilidades puedan estudiar
Las becas deben ser un instrumento que garantice que todas las personas tengan las mismas posibilidades para estudiar. Sin lugar a dudas, deben ser la base para garantizar el derecho constitucional a la educación.
Pues algo que parece tan lógico dejó de serlo cuando llegó el PP al gobierno. En pocos meses, en el año 2012, ya habían hecho una reforma del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio. Unos cambios que imposibilitaron que muchos jóvenes pudieran estudiar por culpa de unos criterios que se vendían como “premio al esfuerzo” pero que realmente lastraban a los estudiantes con menos recursos económicos, provocando la imposibilidad de continuar estudiando a muchísimos jóvenes.
La derecha entiende que con las becas se trata de compensar el esfuerzo y cito textualmente declaraciones de fuentes ministeriales del gobierno de Rajoy explicando su reforma “…se impone a cambio una corresponsabilidad a quien recibe el esfuerzo de la sociedad en su conjunto de cumplir la obligación de estudiar y obtener resultados proporcionales al esfuerzo que realiza la sociedad…”
A priori, puede parecer razonable pensar que los alumnos becados hagan un compromiso de esfuerzo. Pero realmente lo que trajo aquella reforma era la exigencia de que estos alumnos tenían que alcanzar unos objetivos, es decir, unas notas altas. Se elevó hasta un 6,5 la nota para aquellas becas que implican dotación económica. Si para aprobar una asignatura hay que sacar un 5, ¿por qué pedimos a los alumnos becados un 6 y medio? Tengan en cuenta que aunque aprueben con un 5, y pasen de curso, si les deniegan la beca no pueden seguir estudiando porque no tienen recursos.
Mis años de experiencia docente, me han demostrado que hay muchos condicionantes que impiden al alumnado obtener buenos resultados aunque hagan un gran esfuerzo. Es decir, hay condicionantes ajenos a la voluntad del alumno, a su “corresponsabilidad” como pedía el PP. Y aún así, si no llega a los objetivos se le castigaba sin becas y por tanto sin el derecho a la educación.
La situación de los hijos e hijas de familias con menos recursos es muy diferente a la de una familia acomodada. Además de estudiar muchos deben ayudar en casa, en pequeños negocios familiares o incluso tienen trabajos para colaborar con la economía familiar o pagar los gastos del transporte. Compaginan estas tareas con el estudio y es evidente que tienen mucho menos tiempo que dedicar a su formación. Pues aún así parece que ese esfuerzo no es suficiente y se les ha exigido unos resultados extraordinarios para no ser expulsados del sistema educativo. ¿Creen que es igualitario que a unos estudiantes puedan seguir estudiando con un 5 y, en cambio, a otros se les pida un 6,5 ya que sin beca no pueden seguir estudiando?
El resultado fue que miles y miles de estudiantes universitarios tuvieron que devolver estas ayudas por no alcanzar estas notas altas, cuando ya las habían invertido en sus estudios, en muchos casos, años después de dárselas. El gobierno del PP tramitó miles y miles de expedientes de devolución de becas, incluso cuatro años después de haberla concedido.
No les bastó con este despropósito sino que también bajaron las cuantías de las becas.
Por eso, para a acabar con esta injusta situación que marcó la vida de miles y miles de jóvenes entre los años 2012 y 2018, los Ministerios de Educación y Formación Profesional y el de Universidades han llevado a cabo una importante reforma del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio que revertirá, a lo largo de esta legislatura, las medidas adoptadas en 2012 y unos cambios que afianzarán las becas como un derecho subjetivo basado en la renta y que asegure la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias económicas y sociales.
La reforma se basa en cuatro puntos principales: la modificación de los requisitos académicos eliminando los requisitos suplementarios que actualmente exigen determinadas calificaciones; la elevación del umbral 1 hasta equipararlo prácticamente al umbral de la pobreza para que los estudiantes de las familias con menos recursos puedan acceder a la beca completa; la elevación de las cuantías fijas en 100 euros y las mejoras en becas y ayudas a personas con discapacidad así alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) reconocido mediante certificado podrá acceder a la convocatoria de ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAEs)
Para nosotros no se trata de una recompensa sino del mecanismo que hace que los hijos e hijas de familias con menos recursos y menos posibilidades puedan estudiar.
Además con el objetivo de que nadie quede atrás por no tener recursos económicos el Gobierno incrementa en 386 millones de euros la partida destinada a becas para el próximo curso escolar, eso supone un incremento de un 22%, hasta alcanzar 1.900 millones de euros para más de 600.000 beneficiarios el próximo curso 2020-2021.
Estas medidas en definitiva van permitir también que se atienda a la mayor parte de las familias afectadas por la crisis del Covid-19 que son solicitantes de becas y ayudas al estudio. Se trata de una reforma integral del sistema de becas que aumenta considerablemente el número de personas beneficiarias y democratiza los criterios de acceso a las prestaciones, con el objetivo de que las becas sean para quien más lo necesita.
(*) Olivia Delgado es senadora por Tenerife.
