La nueva Ley de Calidad Agroalimentaria excluye la protección de la salud
Palo del CES al consejero de Agricultura a un año de las elecciones. La norma que regula las relaciones de consumidores y ganaderos con el medio rural y los recursos naturales "es dispersa" e inaplicable
La nueva Ley de Calidad Agroalimentaria excluye la protección de la salud, higiene y seguridad de los isleños, según un dictamen del Consejo Económico y Social (CES) que preside el socialista Blas Trujillo.
El informe al que ha accedido Espiral21 sobre la normativa que ultima, a un año de las elecciones autonómicas, el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, supone un palo en toda regla al anteproyecto de Ley aprobado por el Gobierno de Fernando Clavijo a finales de 2017.
El CES, que es un órgano asesor del propio presiente, dibuja una sólida línea fronteriza sobre el horizonte de la norma: “Ni el objeto de la norma, ni los fines, ni el ámbito, tienen el alcance suficiente para abordar los alimentos, entre otras cuestiones por la razón de que los productos agroalimentarios son una parte de los productos alimenticios y no al revés“.
El CES apenas regala piropos a los autores del texto, aunque admite “el esfuerzo normativo que se pretende llevar a cabo” ya que, “a diferencia de otras comunidades autónomas, no dispone en la actualidad de un instrumento jurídico único, que garantice la conformidad de los productos agroalimentarios, en sus distintas fases de producción, transformación y distribución, así como la calidad de los alimentos a los consumidores y la lealtad en las transacciones comerciales a los operadores“.
Es más, el CES se muestra implacable en los objetivos de la Ley: “A juicio del Consejo no se logra la finalidad pretendida, debido entre otras razones a que no introduce novedades normativas más allá de las existentes y no consigue compendiar la normativa vigente (europea, estatal y autonómica), haciendo continuas referencias a textos normativos en vigor que no se desarrollan“.
Según el CES, la consecuencia final es inevitable: “Una dispersión normativa tal, que dificulta su aplicación y desarrollo, y aún más, no colma las expectativas de los destinatarios de la norma, consumidores y operadores“.
El CES está compuesto por organizaciones empresariales y sindicales, además de agentes de consumo. La unanimidad sobre este anteproyecto no deja lugar a duda. “El texto se ciñe a la regulación de los productos agroalimentarios, y no en todas sus vertientes de calidad; así, no trata los temas relacionados con la protección de la salud, higiene, seguridad alimentaria. Es necesario destacar que este Anteproyecto de Ley no es de aplicación a los productos de la pesca y la acuicultura, si bien se considera necesario precisar el término ‘agroalimentario’ y explicitar su alcance en un anexo”.
CES Canarias en el pleno. A la izquierda en el centro aparece el presidente, Blas Trujillo.
Los dictámenes del CES no son vinculantes pero su análisis es tenido en cuenta por el jefe del Ejecutivo.
Lo más probable es que el anteproyecto se devuelva a la Consejería para su modificación, de manera que a Narvay Quintero apenas le queda tiempo.
El Consejo valora que la norma propuesta, “en algunos casos, es excesivamente reglamentista; se utiliza como si se tratara de un decreto, obligando en un futuro a la utilización de norma de igual rango para modificaciones, inclusiones o supresiones de aquellas cuestiones que no tienen tal trascendencia, generando falta de operatividad“.
La normativa sobre la materia agroalimentara, es “compleja y con un alto componente técnico, cuestiones que deben de tenerse en cuenta a la hora de legislar, lo que contribuiría a una mejor aplicación y entendimiento de lo legislado“.
El Anteproyecto de Ley consta de una parte dispositiva que se estructura en 62 artículos divididos en un Título Preliminar y cinco Títulos, y se completa con tres disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y seis finales, para la necesaria aplicación, desarrollo y entrada en vigor del texto.
Según fuentes de la Consejería, la norma busca la protección de los consumidores y de las producciones locales. “La existencia en los últimos años de una preocupación creciente por la calidad de la alimentación, y la cada vez mayor demanda de los ciudadanos, exigen de la Administración Pública que garantice que los productos que salgan al mercado ofrezcan una seguridad contrastada“.
En opinión de los portavoces oficiales, el objetivo base es “establecer el marco normativo que permita garantizar la calidad estándar y diferenciada de los productos agroalimentarios producidos, elaborados o comercializados en la Comunidad Autónoma de Canarias, con sujeción a la normativa comunitaria y estatal de aplicación, y con el fin de proteger la calidad de los productos agroalimentarios, los derechos e intereses de los operadores agroalimentarios y de los consumidores, y la lealtad de las transacciones comerciales, contribuyendo al uso responsable de los recursos naturales, el cumplimiento de las normas de bienestar animal y el desarrollo sostenible del medio rural“.
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