La ejecución de los fondos Next Generation se demora
El Gobierno español celebró a final de enero de 2022, que España encabezara la ejecución de los Planes de Recuperación de la crisis del Covid ligados al fondo comunitario Next Generation.
Pero en las distancias cortas, los contenciosos con Bruselas resultan menos alegres. Las autonomías, que cuentan lo suyo en el futuro de los fondos Covid, solo han movilizado un 20% de las partidas asignadas (poco más de 2.000 millones de euros).
El Gobierno planteó desde un primer momento que aunque el contenido del Plan de Recuperación sería pactado entre el Ejecutivo central y la Comisión Europea, su gestión debía efectuarse mediante un marco de cogobernanza que implicara tanto a la administración estatal, como a la autonómica y la local.
De hecho, Pedro Sánchez anticipó que más del 50% de las ayudas europeas serían gestionadas por las autonomías. Una cuantía inédita, teniendo en cuenta que España aspira a recibir 70.000 millones de euros en transferencias hasta 2023 y otro tanto en créditos hasta 2026.
Para el primer ejercicio de gestión de las ayudas, 2021, el Gobierno anticipó presupuestariamente vía deuda un total de 24.000 millones de euros (pese a que solo ingresó efectivamente de la UE un anticipo de 9.000 millones en verano y un primer pago ligado a objetivos de 10.000 millones a final de año). A cierre de 2021, el Gobierno había autorizado el uso del 91% de los fondos presupuestados (22.000 millones), sellado obligaciones reconocidas que ponen en movimiento el dinero por el 83% (20.000 millones) y desembolsado el 45% (11.001 millones).
Las regiones, en cambio, apenas han movilizado 2.000 millones, lo que impide que el dinero llegue a la empresas.
El dilema es que el marco de actuaciones es tan amplio, los recursos tan cuantiosos y el modelo tan novedoso que las administraciones autonómicas no han tenido tiempo de lograr aún un ritmo dinámico de ejecución, de ahí que territorios como Canarias se hayan apresurado a convocar una de las mayores bolsas de empleo público de las últimas dos décadas.
Algunas regiones están pidiendo al Estado que retrase el pago efectivo de los fondos que les corresponden para evitar pagar intereses por tenerlos depositados en el banco mientras son capaces de articular su uso.
Canarias, por ahora, ha ejecutado subvenciones por valor de 25 millones de euros: 5,5 millones para formación digital laboral; 5,4 millones para la contratación de jóvenes parados para investigación y 14 millones para el programa de apoyo al emprendimiento y microempresas.
